El séptimo informe regional advierte escenarios complejos para la libertad de prensa en Honduras
El segundo volumen del Séptimo Informe del Estado de la Región sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica y República Dominicana, elaborado recientemente por el programa Estado de la Región, advierte en primera instancia sobre el avance de tendencias autoritarias en la región y la coexistencia de regímenes políticos híbridos.
Durante el período 2018-2024 hubo una regresión democrática marcada en la mayoría de los países, con manifestaciones e impactos distintos en los países. Diversos índices muestran que Nicaragua y El Salvador presentan un profundo retroceso democrático que, por su magnitud, los acerca a las épocas del siglo XX donde experimentaron gran inestabilidad y conflicto político.
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En el caso de Guatemala y Honduras los resultados son mixtos y volátiles. En cambio, hay mucho mayor estabilidad en Costa Rica, Panamá y República Dominicana, los países mejor calificados en las diversas evaluaciones internacionales.
De acuerdo con el Informe, la región enfrenta desafíos significativos en términos de la independencia entre los poderes del Estado, la gestión electoral, restricciones para el pluralismo político, respeto a los derechos y libertades fundamentales.
Entre los hallazgos clave destacan el debilitamiento de la independencia judicial y de los Consejo y Tribunales Supremos Electorales, el debilitamiento del apoyo ciudadano a la democracia y la concentración del poder en el Ejecutivo en varios países.
Además, la libertad de prensa ha sufrido retrocesos generalizados, con agresiones y restricciones que limitan el ejercicio del periodismo independiente. Honduras y Nicaragua viven los escenarios más complejos para la libertad de prensa en toda la región.
Autoritarismo y populismo
En cuanto a las actitudes ciudadanas, el informe identifica una tendencia creciente hacia la ambivalencia democrática, con sectores de la población conocidos como “populistas” que, aunque apoyan la democracia, muestran disposición a respaldar liderazgos autoritarios en busca de soluciones inmediatas a problemas estructurales.
De acuerdo con los resultados de Lapop, en El Salvador el 55,2 % de la población manifiesta su apoyo a un líder autoritario que resuelva los problemas. En República Dominicana el apoyo se reduce al 32,8% y en los demás países es menor al 23%.
Honduras presenta uno de los niveles más altos de ambivalencia en la región. Las personas con posiciones desapegadas a la democracia y el autoritarismo constituyen el grupo más grande (31,1%), seguidas por las “demócratas” (26,3%), personas que manifiestan respaldo a la democracia como el mejor régimen de gobierno y que se oponen a ceder el control de la institucionalidad a un líder fuerte y sin limitaciones; y las “populistas” (23%). Un 19,6% de la población tiene actitudes autoritarias.
No obstante, los datos revelan que la mayoría de la población de la región aún valora la democracia como el mejor sistema de gobierno, aunque con reservas sobre su eficacia actual.
Alberto Mora, Coordinador de Investigación del Séptimo Informe del Estado de la Región expresó, “Centroamérica y República Dominicana son un laboratorio político en donde conviven diversos sistemas políticos. La tendencia regresiva observada en varios países es una señal de alerta para la región y exige un renovado compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos fundamentales”.
Añade, además: “Si bien el escepticismo hacia la democracia ha crecido, esto no significa un respaldo absoluto al autoritarismo. Más bien, nos encontramos en un punto de inflexión donde las sociedades deben decidir si fortalecerán sus instituciones democráticas o permitirán un retroceso aún mayor.”
El informe concluye que la democracia en la región enfrenta múltiples desafíos y que los próximos años serán determinantes para la estabilidad política en Centroamérica y República Dominicana. La consolidación de la democracia dependerá de la capacidad de cada país para fortalecer sus instituciones, garantizar el Estado de derecho y fomentar un diálogo inclusivo que permita avanzar hacia sociedades más justas y equitativas.
Costa Rica continúa destacándose como la democracia mejor evaluada de la región, con estándares comparables a los de países europeos con larga tradición democrática. A lo largo de más de 70 años, el país ha celebrado elecciones libres y transparentes, garantizando la alternancia en el poder sin interrupciones, lo que lo convierte en la democracia más estables de América Latina.
Sin embargo, enfrenta una creciente confrontación entre los poderes del Estado. En los últimos años, el Ejecutivo ha buscado ampliar sus competencias, mientras que el Congreso y el Poder Judicial han resistido estos intentos. Este conflicto se ha traducido en una parálisis política que dificulta la construcción de acuerdos clave en materia social, económica, ambiental y de seguridad.
Otro aspecto de preocupación es el deterioro en la libertad de prensa. Según el índice de Reporteros sin Fronteras, el país descendió de la categoría de “buena” a “satisfactoria” entre 2022 y 2023, debido a las fricciones entre el Ejecutivo y algunos medios de comunicación. Periodistas han denunciado restricciones en el acceso a la información pública y ataques desde el gobierno.
Honduras: en un punto crítico
Desde 2022, Honduras ha sido evaluado con los requisitos mínimos para ser considerado una democracia electoral, aunque su estabilidad sigue siendo frágil.
Uno de los factores críticos que afectan la estabilidad democrática hondureña es la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras políticas. El informe destaca que la debilidad institucional y la falta de control territorial han permitido que estos actores influyan en la gobernabilidad del país, poniendo en riesgo los avances democráticos.
La situación de la libertad de prensa en Honduras es alarmante. Actualmente es uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio del periodismo de todo el continente debido a que los medios opositores o comunitarios a menudo son víctimas de acoso, campañas de intimidación, amenazas de muerte y agresiones físicas a su personal. Entre 2022 y 2023, al menos cinco periodistas fueron asesinados y se registraron 53 agresiones contra trabajadores de medios de comunicación, lo que evidencia un entorno hostil para la prensa independiente.
