El presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó este jueves un proyecto de ley por valor de $1,66 billones que financiará el Gobierno de Estados Unidos para el año fiscal 2023, informó la Casa Blanca en un comunicado.
Biden firmó el decreto, aprobado por el Congreso la semana pasada, durante sus vacaciones en Santa Cruz.
La legislación incluye una financiación militar récord, ayuda de emergencia a Ucrania, más ayuda para estudiantes (préstamos extendidos) con discapacidades, financiación adicional para proteger los derechos de los trabajadores y más recursos de formación laboral, así como más viviendas asequibles para familias, veteranos y personas que huyen de la violencia doméstica.
La iniciativa, de más de 4.000 páginas, fue aprobado en el Senado por 68 votos a favor y 29 en contra, con el apoyo de 18 de los 50 senadores republicanos. En la Cámara de Representantes se aprobó por 225 votos a favor y 201 en contra.
Los presupuestos, que fueron aprobados por el Congreso el pasado viernes y van para el año fiscal 2023, que va desde el 1 de octubre de 2022 al próximo 30 de septiembre, incluyen 45.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania.
A contrarreloj, los legisladores votaron por el proyecto de ley, a menos de dos semanas de que los republicanos asuman el control de la Cámara Baja después de que los demócratas lo perdieran en las legislativas de noviembre.
Los presupuestos, que entrarán en vigencia a partir de hoy con la firma de Biden, contemplan unos 858.000 millones de dólares para Defensa y otros 800.000 millones para otras partidas, un incremento este último del 9,3% respecto al año anterior.
También abarcan 40.600 millones para atender sequías, huracanes, inundaciones, incendios y otros desastres naturales y emergencias en Estados Unidos; y unos 45.000 millones de dólares en ayuda económica, humanitaria y de seguridad para Ucrania.
El proyecto de ley llegó a la Cámara de Representantes después de que obstaculizaran el debate en el Senado dos enmiendas sobre la gestión de la frontera con México que fueron rechazadas.
La normativa sí incluye una reforma para dotar de mayores garantías al recuento electoral, al aclarar que el vicepresidente no tiene el poder de revocar los resultados de las presidenciales.
