Más de 11.4 millones de lempiras de fondos del programa presidencial Bono 10 Mil, habrían sido desviados o gastados en la campaña política del Partido Nacional, a través de ex funcionario del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
La acusación la presentó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), e incluyó acusaciones contra siete ex funcionarios y documentaron 100 medios de pruebas que incluyen el pago de alimentación en la toma de posesión presidencial de Juan Orlando Hernández en enero de 2014.
Banadesa está actualmente bajo administración de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
También documentan arrendamiento de autos con dinero del Bono 10 Mil, que terminaron en poder de los parientes de los ex funcionarios. Por esas compras, la MACCIH denominó el caso “Corrupción sobre ruedas”.
La vocera de la MACCIH, Ana María Calderón presentó la denuncia ante el Ministerio Público en contra de: Juan Ramón Maradiaga (gerente administrativo Banadesa), David Eduardo Ortiz Handall (gerente financiero de Banadesa), Elmer Geovany Ordoñez Espinal como autor de 17 delitos de fraude.
Carlos José Romero Puerto (Coordinador del proyecto Bono 10 Mil) autor de 17 delitos de fraude, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre como complice necesaria de 18 delitos de fraude, Clauida Yamila Noriega Gonzalez, como complice necesaria de 17 delitos de fraude y Harbin Herrera Carballo, en su calidad de gerente administrativo de Casa Presidencial como responsable del delito de abuso de autoridad.
“Queremos destacar que esta acusación ha sido formulada en razón a que nos encontramos frente a ex funcionarios públicos o funcionarios públicos que violando sus deberes de proteger el patrimonio del Estado, conformaron una estructura para drenar fondos”, señaló Calderón.
La ejecutiva señaló que el origen de los delitos fue el acuerdo un convenio suscrito el 19 de mayo del 2010, entre el PRAF y Banadesa que tenia como objetivo entregar beneficios a personas de la tercer edad, juvenil y con capacidades especiales.
Sería el mismo modus operandi que el caso “Pandora”. que involucra fondos del gobierno y ONGs.
Para estos hechos se utilizó una empresa de fachada, la empresa Servicios e Inversiones (AID), que fue creada por Carol Vanessa Alvarado y Caludia Yamila Noriega, para el manejo de fondos que estaban destinados para el financiamiento de campañas políticas y para fines personales.
Así sacaron 11.4 millones de lempiras
El monto que se utilizó entre el 4 de julio de 2013 al 19 de mayo de 2014, consistió en 11 millones 401 mil 151 lempiras.
La modalidades que se usaron en este caso fue el arrendamiento “simulado” de vehículos, por Banadesa para el traslado de personeros del banco para la distribución de este bono, “pero se concluyó que en realidad los vehículos fueron utilizados para trasladar diversos personeros que iban a trabajar en campañas electorales”.
Este servicio fue pagado por medio de cheques no negociables por un monto de 4 millones 154 mil 20 lempiras.
La segunda modalidad fue el drenaje de fondos del estado para campaña política.
Se usaron más de 6 millones de lempiras, incluyendo “el consumo de alimentación de 700.500 sandwiche que habrían sido utilizados en enero de 2014 en el Estadio Nacional (toma de posesión)”.
Este pago fue utilizado por Carol Vanessa Alvrado Aguirre, sin haber cumplido con los requisitos para ser administradora de Casa Presidencial. Los sándwiches tuvieron un costo de 862.500 lempiras.
El costo de cada sandwich sería de 1.23 lempiras.
Congreso involucrado
También se utilizaron estos fondos para servicios de publicidad, pero no se documentó la misma. Entre el 30 de octubre al 13 de diciembre de 2013, el Congreso Nacional emitió tres cheques que fueron utilizados a la cuenta de la empresa AID, estos ascendieron a la cantidad de 706.320 lempiras.
La empresa AID, giró un cheque por 700.000 lempiras que fue cobrado en efectivo y fue utilizado para el pago de hospedaje a los asistentes a una convención de un partido político, la convención se llamaba “Todos por una vida mejor” que se realizó en Comayagua el 15 de marzo de 2014.
De la empresa AID también se hicieron depósitos a las cuentas personales de Carol Vanessa Alvarado, inclusive para pagar su tarjeta de crédito.
Se habrían comprado nueve vehículos y creado una empresas, bienes que serían asegurados por decisión del Juzgado de Privación de Dominio.
