El Gobierno apelará el fallo de una jueza de Nueva York en favor de un fondo y del grupo Petersen
Argentina sufrió una dura derrota legal este viernes en los tribunales estadounidenses por la causa abierta contra el Estado sudamericano por la expropiación de YPF en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su socio mayoritario era la española Repsol.
La jueza de distrito de Manhattan, Loretta Preska, había determinado en marzo que Argentina “incumplió el contrato” de YPF, pero faltaba conocer el monto de la indemnización. En su fallo de este viernes, no fijó una cifra, pero consideró adecuado el esquema de compensación propuesto por el fondo Burford Capital, que compró el pleito a socios de Repsol y pide unos 16.000 millones de dólares. El Gobierno argentino ya ha anticipado que apelará.
La jueza dio la razón a Burford Capital al considerar como fecha de expropiación el 16 de abril de 2012, cuando el entonces ministro de Economía y hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue nombrado interventor de la empresa. Argentina solicitaba que fuese el 7 de mayo de 2012, cuando se aprobó la ley de expropiación.
Las acciones de la petrolera cayeron un 25% en esas tres semanas, lo que podía suponer una gran diferencia a la hora de fijar la indemnización. Sin embargo, Preska también avala el modelo de valoración de los demandantes, que usa la relación entre precio y beneficio más alta de los dos años previos de cotización en Bolsa, y no la inmediatamente anterior a la obligación de lanzar la oferta, así que la diferencia no habría sido tanta con una u otra fecha.
Con ese sistema de valoración, Burford solicitaba 8.430 millones de dólares más intereses. En un fallo de 25 páginas, Preska dio también la razón a los litigantes al fijar una tasa de interés del 8%, aunque es interés simple y no compuesto, que habría elevado aún más la factura. La jueza había publicado una primera versión de su decisión en que señalaba que los intereses empezaban a contar desde mayo de 2023, lo que ha creado algo de confusión inicial. Luego ha corregido y ese 8% se debe pagar desde mayo de 2012, según el fallo final.
La jueza ha pedido a las partes que hagan sus propuestas definitivas de acuerdo con su decisión para fijar la cuantía definitiva. En todo caso, la decisión puede ser recurrida a un tribunal superior, con lo que aún pueden pasar años antes de una resolución definitiva.
Burford Capital es un fondo que se dedica a la compra de derechos de juicio de empresas quebradas para llevar a cabo denuncias por grandes sumas, una metodología similar a la que usan los fondos buitre con los títulos de deuda en España. El fondo demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos sociedades españolas del grupo de la familia argentina Eskenazy, que tenían el 25% de las acciones de YPF.
Esas compañías están en concurso de acreedores porque se endeudaron para comprar su participación en YPF, devaluada con la expropiación. Repsol les prestó 1.500 millones para que le comprasen acciones. La petrolera ejecutó títulos de YPF que tenía en prenda ante el impago y ahora podría acabar recuperando una parte de la deuda pendiente en el concurso de acreedores.
El fondo tiene derecho a aproximadamente el 70% de la indemnización, mientras que el resto irá a esas sociedades hasta el momento insolventes, desde las que se presentó la demanda en 2015. Las acciones de Burford, que cotiza en Londres y Wall Street, se han disparado más de un 20% al conocerse la decisión. La compañía ha comunicado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos que hará una valoración del fallo tras la revisión y análisis de la decisión.
Argentina no está en condiciones de afrontar ese pago. El golpe provocado por una sequía sin precedentes en el campo argentino, el motor económico del país, ha dejado las reservas del banco central bajo mínimos en este 2023.
Con un historial récord de cese de pagos en las últimas décadas, Argentina tiene además muy limitado el acceso a los mercados de crédito. Su deuda pública supera los 400.000 millones de dólares, equivalente al 85% del PIB, y el Gobierno ha debido refinanciar el préstamo de 44.000 millones recibido del Fondo Monetario Internacional en 2018.
