Contrato total es por $63.5 millones con alto costo administrativo
El Congreso Nacional aprobó, mediante el Decreto Legislativo No. 129-2020, el segundo tramo del préstamo para la emisión de la nueva identidad con el BCIE por un valor de 39.4 millones de dólares.
El Contrato de Préstamo No.2235 Tramo B, fue suscrito el 1 de septiembre anterior, entre el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, y el titular de Finanzas, Marco Midence y la semana pasada publicado en La Gaceta.
En total son treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos quince dólares ($39.464,315.00), recursos destinados a financiar la ejecución del “Proyecto de modernización de documentos de identificación en Honduras (Identifícate)”.
El primer tramo del crédito fue por 24.1 millones de dólares, con los cual se tendrá un endeudamiento de 63.5 millones de dólares. Entre gastos de gestión y administración, comisión del BCIE (158.570 dólares) e imprevisto, se pagarán más de 9.2 millones de dólares.
Vea el plan de inversiones del proyecto.
En la ceremonia de firma, en el auditorio de la sede principal del BCIE, en Tegucigalpa, se contó con la participación de los comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP), Rolando Kattán, Roberto Brevé y Óscar Rivera, así como la viceministra de Inversión y Crédito Público de la Secretaría de Finanzas, Liliam Rivera y el equipo del organismo de la integración regional.
El BCIE aprobó el préstamo en julio de 2019 y según el presidente, Dante Mossi, “el objetivo de esta operación es crear una nueva base de datos para el Registro Nacional de las Personas, a través de un enrolamiento biométrico a nivel nacional que cumpla con los estándares internacionales”.
Se espera que el enrolamiento alcance 6.5 millones de ciudadanos mayores de 16 años, en el cual la mayoría son mujeres. Además de reducir a 5.5 por ciento el subregistro de identidad, personas no identificadas, o que no tienen tarjeta de identidad, podrán tener acceso a salud pública, al derecho al sufragio, a la educación, trabajo formal y transacciones financieras, entre otros.
