El Acuerdo Stand By, de dos años, aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), es visto con dudas por los analistas económicos que pueda impulsar la economía ya que mantiene la actual política monetaria restrictiva del gobierno.
Analistas como Arturo Alvarado, ex viceministro de Finanzas, y el presidente de los Economistas, Luis Guifarro, reconocen que el convenio establece límites al gobierno en su gasto y manda una buena señal a los inversionistas.
Sin embargo, estiman que continúa el camino del endeudamiento externo que presionará más las finanzas públicas y que no se dirige a dar respuesta a la alta demanda de empleo y de ingresos para la población.
Julio Quintanilla, ex presidente de Banhprovi incluso cuestiona a los “negociadores, si los hubo, porque en estas reuniones solo se siguen las recomendaciones del FMI”.
Señaló que el acuerdo permite acceso a 311 millones de dólares, de uso precautorio del gobierno, y de organismos internacionales para proyectos de energía, que requiere de mucho capital.
“Son recursos para la banca privada, para el gobierno y ciertas empresas que tienen acceso al financiamiento externo, pero con garantía del gobierno. ¿Qué significa?, más deuda externa y eso reduce el uso de fondos para proyectos que generen empleo”, declaró.
Además se mantienen algunas de las políticas restrictivas en materia crediticia y monetaria y en otro es el tema del tipo de cambio, es decir, la moneda se seguirá devaluando y es lo que afecta directamente a la gente.
“Ellos concluyen que lo que ha generado es pobreza y que por esa razón debe de revisarse todo el modelo”, señala.
El gran problema, agregó, es de negociación, es decir, un buen negociador, por ejemplo, puede lograr mejores condiciones en estos convenios con el FMI, pero, evidentemente, los burócratas del Gobierno se apegan a esas disposiciones y pareciera que no hay contrapropuesta o una especie de negociación.
Para Mauricio Diaz, del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, hay un respaldo al gobierno y le permite un cierto nivel de gobernabilidad, pero que tampoco va a resolver los problemas de pobreza, de empleo, de ingresos y migración.
“Por esa razón, nosotros estamos presentando la propuesta de que se haga una planificación mayor, en base a lo acordado, pero con mayor alcance popular y que los datos macroeconómicas puedan tener un aterrizaje en las cifras microeconómicas”, opinó.
