Para junio del 2020 deberá estar liquidada la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), y reemplazada por el Consejo Superior de las APP, recién creada.
De acuerdo al decreto ejecutivo PCM-064-2019, la liquidación de Coalianza se ejecutará en seis meses, tiempo en el cual se liquidará el personal (unos 60 empleados) y se trasladarán los bienes, acciones y derechos, a la Secretaría de Finanzas.
También se realizará una auditoría de los “activos y pasivos” (no se menciona ninguna investigación sobre los funcionarios) por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuyos resultados serían remitidos a la Presidencia.
El decreto, publicado en La Gaceta, crea al nuevo organismo que dirigirá la política de inversiones público privadas. Se trata del Consejo Superior de las APP, que será dirigido por el “Coordinación General del Gobierno”, cargo que ostenta actualmente Martha Doblado.
Son cinco integrantes del Consejo: 1) Presidencia de la República, por medio del (la) Secretario(a) de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno, quien lo presidirá 2) Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas 3) Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico 4) Secretaría de Estado en el Despacho Recursos Naturales y Ambiente 5) Secretaría de Promoción de Inversiones.
Período de transición
El decreto en su artículo 20, establece el nombramiento de una “Comisión de Transición”, que será nombrada por el Consejo Superior de las APP, y que será “presidida por la Secretaría de Promoción de Inversiones (Luis Mata es el ministro), con carácter temporal para la transición de los proyectos APP manejados hasta la fecha por Coalianza y cualquier otra entidad especial”.
El objetivo es que los proyectos sean liderados por cada Concedente con el acompañamiento técnico de la Unidad Técnica Especializa de Proyectos (UTEP-APP) y bajo los lineamientos y decisiones del Consejo.
Dentro de dicha Comisión de Transición se formará una Sub Comisión con facultades para ejecutar las acciones necesarias para el cierre de Coalianza, cancelación del personal, así como determinar el estado de los proyectos en ejecución y los pasivos contingentes que pudieran derivarse de esos proyectos.
“Esta Sub-Comisión tendrá facultades para negociar las mejores condiciones para el Estado de Honduras respecto de los pasivos contingentes, con el apoyo, en caso de ser necesario, del Concedente y expertos regionales o internacionales que pueden ser contratados para tal efecto”.
Según Finanzas, el BID ofreció la contratación y pago de expertos internacionales para evaluar los resultados de Coalianza,
Coalianza firmó más de 20 contratos, entre ellos los de infraestructura vial como el CA-5, el Centro Cívico y el fracasado “Corredor Turístico”, que representó millonarias pérdidas para el país por el pago de indemnizaciones.
También firmó la concesión de reducción de pérdidas de energía y recuperación de mora con EEH, un contrato cuestionado por el mismo gobierno.
