Con el respaldo de 30 de los 33 países de la CELAC se aprobó una resolución conjunta en Tegucigalpa que condena políticas antimigrantes y refuerza la unidad regional frente a desafíos comunes.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) concluyó este miércoles su IX Cumbre con la aprobación de la Declaratoria de Tegucigalpa, un documento que refleja el consenso de 30 de los 33 países participantes sobre los principales retos regionales, entre ellos la migración, la integración política y el fortalecimiento de la región como zona de paz.
Con la oposición de Paraguay, Argentina y Nicaragua, que protestaron al cierre de la ceremonia porque no se les dio la palabra, la declaratoria reafirma el compromiso con el fortalecimiento del bloque como mecanismo de concertación política regional, y subraya la plena vigencia de América Latina y el Caribe como una zona de paz.
Además, los países firmantes expresaron su rechazo a la imposición de medidas coercitivas unilaterales, en especial aquellas que afectan el comercio internacional y violan el derecho internacional.
Un punto clave del documento fue la propuesta de que un latinoamericano o caribeño —preferiblemente una mujer— ocupe en el futuro la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordando que solo uno de los nueve titulares históricos del cargo ha sido originario de la región.
Rechazo a políticas migratorias punitivas
Más allá de los acuerdos institucionales, uno de los temas que marcó con mayor fuerza la cumbre fue el firme rechazo de los mandatarios presentes a las deportaciones masivas de migrantes desde Estados Unidos, así como al encarcelamiento de personas migrantes en países como El Salvador.
Al menos 10 jefes de Estado expresaron abiertamente su preocupación por la política migratoria impulsada durante la gestión del expresidente estadounidense Donald Trump, que contempla el envío masivo de indocumentados a sus países de origen, a terceros países, o incluso a una megacárcel salvadoreña.
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien comparó la situación de los migrantes esposados y deportados con la trata de esclavos africanos durante la colonización. “La migración es apenas la consecuencia de esa desigualdad geográfica del efecto de la crisis climática en los países pobres”, afirmó.
La presidenta anfitriona, Xiomara Castro, lamentó que miles de jóvenes latinoamericanos sean deportados en su intento por alcanzar el “sueño americano”, e hizo un llamado a respetar el carácter de la CELAC como una zona de paz y cooperación.
El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció que algunos migrantes son enviados incluso a la base naval de Guantánamo, mientras que su homólogo boliviano, Luis Arce, calificó las políticas migratorias actuales como “inhumanas” y violatorias de los derechos fundamentales.
Otros líderes, como la mexicana Claudia Sheinbaum, propusieron una respuesta regional basada en una perspectiva humanista que aborde las causas estructurales de la migración: la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades.
Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo insistió en que la dignidad humana debe ser el eje central de toda política migratoria, mientras que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva alertó sobre la creciente criminalización de los migrantes en un mundo sin reglas consensuadas.
Balance de presidencia hondureña y traspaso a Colombia
La cumbre también marcó el cierre del periodo de Honduras en la Presidencia Pro Tempore de la CELAC, que tuvo reveses públicos.
Bajo el lema “Unidos por la Patria Grande”, la administración de Xiomara Castro impulsó proyectos en seguridad alimentaria, educación, tecnología y relaciones exteriores, aunque muchos de ellos aún se encuentran en fase de diseño o implementación parcial.
A partir de este encuentro, Colombia asume el liderazgo del bloque bajo la presidencia de Gustavo Petro, con el reto de dar continuidad a los compromisos adquiridos y fortalecer el rol de la CELAC como actor internacional en la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la integración regional.
La Declaratoria de Tegucigalpa cerró una Cumbre sin mucha convocatoria (solo un tercio de los mandatarios de estados miembros) y en donde la izquierda latinoamericana tuvo su “encuentro”, en medio de críticas de la oposición hondureña.
