La Secretaría de Finanzas confirmó este miércoles que la recaudación de ingresos es superior al gasto presupuestario dejando un superávit de 10,3% equivalente a “30.789 millones de lempiras”.
Se trata de ingresos (vía impuestos, créditos y donaciones) por “331.102 millones de lempiras”, mientras los egresos superan los “300.313 millones de lempiras”.
La millonaria diferencia supera la del año 2017 (7,8%), y queda dos puntos por debajo del superávit de 2012 (12,2%).
Al hablar de las finanzas públicas y, en general, las de cualquier familia o empresa, siempre aparecen los mismos conceptos: ingresos y gastos.
Los ingresos son los recursos que entran en el presupuesto, mientras que los gastos son los que salen.
En este sentido, se trata de un superávit, donde los ingresos superan a los gastos en un periodo de tiempo determinado, generalmente en un año.
La mayor parte de los ingresos proviene de la recaudación tributaria con 136.140 millones de lempiras y mayor endeudamiento público con 60.608 millones de lempiras, una cifra que supera la meta de deuda para financiar el actual presupuesto asignado (L46.290 millones).
La recaudación tributaria se concentra en el impuesto sobre ventas (15% y 18%) que paga toda la población y que suma “53.544 millones de lempiras”, y el impuesto sobre la renta que se aplica de manera directa a las grandes empresas (que incluye activo neto, aporte solidario, tasas y otros) y asalariados que devengan cerca de 20.000 lempiras al mes.
En el caso de los egresos, la mayor partida es en el pago de salarios (Servicios Personales) con 83.842 millones de lempiras a la fecha. En Transferencias y Donaciones se destinaron 58.282 milones y en Servicios No Personales, más de 45.723 millones de lempiras.
El pago del servicio de la deuda (capital e intereses) acumula 44.523 millones y el cuarto mayor gasto estatal.
Hay que señalar que la ejecución presupuestaria es del 72,51% de lo programado, un nivel aún bajo pero que muestra aceleración en los últimos dos meses. Finanzas no informa sobre la calidad del gasto ni el costo beneficio de los programas públicos en ejecución.