La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pide cadena perpetua y multa de 25.5 millones de dólares
Este miércoles está previsto que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández conozca su sentencia por conspiración para tráfico de cocaína y uso de armas y podría ser condenado a cadena perpetua.
Mientras la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pide cadena perpetua y una multa de $25 millones, la defensa solicita 40 años de prisión.
Un jurado popular de Estados Unidos declaró culpable el pasado 8 de marzo al expresidente Juan Orlando Hernández de tres cargos de tráfico de drogas y de armas, que le pueden suponer una cadena perpetua, como otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de este, Geovanny Fuentes.
En una audiencia programada para el miércoles a las 11H00 (15H00 GMT), el juez Kevin Castel tiene previsto anunciar la pena.
En un intento de evitar la cadena perpetua, el abogado defensor, Renato Stabile, alega en los argumentos de sentencia enviados al juez el pasado viernes 21 de junio que la condena mínima que prevé la ley -10 años por el cargo de narcotráfico y 30 por el de armas- “satisfará los objetivos de la sentencia” y pide que el juez no le imponga “una pena adicional”.
No obstante, esa sentencia mínima dejaría prácticamente al expresidente, de 55 años, el resto de su vida entre rejas en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
Stabile recuerda al juez que su defendido siempre ha reivindicado su “inocencia” alegando que fue condenado “erróneamente” sobre la base de la “palabra de narcotraficantes y asesinos hondureños -los mismos que combatió- que buscan venganza y salir de la cárcel”.
Su defendido “apelará su condena por todos los medios legales”, asegura. “Nunca se rendirá”.
En la misma causa, están coacusados el exjefe de la Policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, que se declararon culpables de narcotráfico.
“Soy inocente”
“Soy inocente, no culpable”, clama por su parte Hernández en otro documento de 159 páginas enviado al juez Castel la semana pasada en el que desgrana las leyes que promovió y su colaboración con el gobierno estadounidense para acabar con el crimen organizado y la violencia de las pandillas que se cobraron la vida de casi 88.000 personas, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo.
“Me acusaron y condenaron injusta e incorrectamente”, asegura el hombre que desde 2014 a 2022, durante dos mandatos consecutivos, dirigió los destinos de Honduras.
La investigación y el juicio contra él está “lleno de errores e injusticias”, lamenta. En la misiva acusa tanto a las autoridades que le precedieron como a los agentes del departamento de lucha contra la droga estadounidense, DEA, de “no hacer lo que debían haber hecho” para enfrentar la violencia del crimen organizado.
Fiel colaborador del Gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.
Pero la fiscalía neoyorquina lo acusó de crear un “narco-Estado” y de convertir a Honduras en una “superautopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de EE UU.
