Panamá impuso a partir de este viernes nuevas medidas para controlar la escalada de migrantes que llegan al país, ante un flujo que ha tocado niveles máximos este año, informaron autoridades migratorias del istmo.
A pesar de que el número de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos ha caído en el año, los grupos de quienes atraviesan el Tapón del Darién -una peligrosa selva que separa Panamá de Colombia- han alcanzando niveles nunca antes vistos y se prevé que cierren el año con un nuevo récord.
En abril, la ONU estimó que durante 2023 unos 400.000 migrantes podrían atravesar el Darién, una cifra muy por encima de los casi 250.000 casos registrados el año pasado. Y apenas en los primeros cuatro meses del año, la cifra de cruces se multiplicó por seis, lo que supone un desafío para las políticas migratorias regionales.
Entre las medidas que entraron en vigencia el viernes, se reforzarán las deportaciones de personas con antecedentes penales y que sean consideradas de alta peligrosidad, dijo la directora del Servicio Nacional de Migración panameño, Samira Gozaine.
Además, se redujo a 15 días desde 90 la estancia por turismo para algunos visitantes y se incrementó la exigencia de la solvencia económica en los puestos de control a $1.000 desde los $500 previos para estancias de 90 días.
“El paquete de medidas no solo es para frenar la escalada de migrantes irregulares por el Tapón del Darién sino también limitar el ingreso de personas con antecedentes o que no cumplan con el perfil de turista”, dijo Gozaine.
La mayoría de los migrantes que atraviesan el Darién son de Venezuela. Le siguen personas de Haití y Ecuador. En los últimos años, más de siete millones de venezolanos han abandonado su país, según cifras de la ONU, tratando de escapar del prolongado colapso económico y social de la otra próspera nación petrolera.
Quienes cruzan el Tapón del Darién o llegan a través de rutas marítimas desde Sudamérica, están expuestos a la violencia, abuso sexual, trata de personas y enfermedades.