La matanza en la cárcel de mujeres en Támara no solo provocó cambios en las Secretaría de Seguridad y Defensa sino que ha permitido a las Fuerzas Armadas retomar el control de las cárceles por al menos un año, según la última disposición presidencial.
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) asume a partir del 1 de julio la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales del país, por un periodo de un año, tiempo en el cual debe reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
(VEA: Destituyen al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón)
Así lo establece el comunicado de varios puntos, autorizado por la presidenta Xiomara Castro, quien en la toma de posesión anunció que los militares no controlarían más los penales.
También se anuncia la “ampliación” en tiempo y zonas con suspensión de garantías constitucionales. El estado de excepción se aplica desde diciembre y se ha ampliado mensualmente, el último vence el 5 de julio.
Otra de las medidas es que las Fuerzas Armadas habilite Islas del Cisne, apostadero de la Fuerza Naval, como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad.
Los miembros de la actual Junta Interventora de los centros penales fueron cesados en sus cargos. La doctora Julissa Villanueva retorna a su cargo de viceministra en el Despacho de Asuntos Policiales.
Además, se solicita al Poder Judicial conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a todas las mujeres que se encuentran en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que no están condenadas y a aquellas que sufren de enfermedades terminales, y preservar la prisión a quienes se consideran de alto peligro.
