El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, presentó ante el Senado estatal un polémico proyecto de ley para endurecer las políticas migratorias. Según el documento, se prohibiría expresamente a los gobiernos locales y condales destinar fondos para aquellas personas que no puedan acreditar un estatus legal en Estados Unidos.
También requeriría que los hospitales recolectaran información sobre el estatus migratorio de los pacientes a los que atienden para luego entregar estos datos trimestralmente al departamento de salud estatal.
El punto de este proyecto de ley, denominado SB 1718, que ha causado más indignación entre la comunidad migrante es el que señala que se castigaría penalmente a quienes transporten a personas indocumentadas o convivan con ellas siendo conscientes de que tienen un estatus irregular. Esa ley contempla esto como una felonía de tercer grado, punible con prisión.
“Se proporcionarán sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y que violen, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento o la protección contra la detección, o el intento de detección, de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos”, señala el documento sobre ese aspecto.
Las propuestas antiinmigrantes
La propuesta de DeSantis, es respaldada por el senador Blaise Ingoglia y el congresista Kiyan Michael, ambos republicanos, según un comunicado SPLC Action Fund, una organización afiliada al Southern Poverty Law Center, una ONG progresista de defensa de los derechos civiles.
¿Pero qué dicen las propuestas? Ambas normas buscan “restringir severamente” el movimiento de los inmigrantes indocumentados en Florida.
Las propuestas en detalle
- Se prohíbe el uso de licencias válidas de otros estados en manos de indocumentados.
- Obliga a los hospitales recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales.
- Modificar reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados.
- Aumentar las multas por emplear a indocumentados.
- Castigar con mayor severidad a los reincidentes por contratar a indocumentados.
- Penas de cárcel a extranjeros que a sabiendas utilicen papeles falsos.
- Exigir el uso obligatorio del programa federal E-Verify.
- Amenaza con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
- Prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados (en el caso de dreamers protegidos bajo el programa DACA).
- Multa y cárcel a quienes transporten indocumentados.
- Criminaliza la estadía indocumentada.
Contra los dreamers
En la Asamblea Legislativa de Florida también hay un proyecto de ley sobre la matrícula de los dreamers, los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños de manera indocumentada y que están amparados por DACA, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
Si se aprueba la norma promovida por Desantis, los dreamers tendrán que pagar la matrícula universitaria al mismo precio que los residentes del estado de Florida.
Cabe precisar que en el año 2014, el gobernador republicano Rick Scott promulgó una norma sobre tarifas estatales diferenciadas para dreamers con el fin de que completaran sus estudios universitarios.
