Las petroleras rusas extraerán medio millón de barriles diarios de petróleo menos a partir de marzo, aunque el Kremlin reconoce que su producción puede hundirse aún más este año por los precios máximos impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania. El recorte equivale, aproximadamente, a un 5% de la cantidad que Rusia extrae cada día.
El viceprimer ministro Alexánder Nóvak ha subrayado que el recorte ha sido una medida “voluntaria” destinada a “restaurar las relaciones de mercado”. Tras estas palabras, subyace el enorme impacto logístico para sus petroleras provocado por la prohibición del transporte marítimo de crudo ruso a Europa, lo que ha empujado a sus compañías a buscar otros mercados en Asia.
Todo apunta a que la medida ha sido tomada de forma unilateral y sin consultar a sus socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según una fuente en aquel cártel del crudo de la agencia rusa Tass. Moscú no es miembro de aquella alianza, pero sí forma parte de la llamada OPEP ampliada, en la que coordinan sus decisiones sobre el bombeo las principales potencias exportadoras.
Nóvak, el máximo responsable del Ministerio de Energía ruso en la pasada década, ha recalcado que las sanciones impuestas desde diciembre no han provocado hasta ahora una caída de la producción. Según sus cálculos, el país extrajo unos 9,9 millones de barriles en enero, una cifra similar a las de los últimos meses de 2022.
No obstante, el país se ha visto obligado a exportar sus barriles con unos descuentos de entre 30 y 35 dólares y, según la cotización de la mezcla de los Urales, el petróleo ruso se vende a unos 50 dólares. Como comparación, el barril de Brent rondaba los 86 dólares esta mañana, tras anotarse una subida sustancial (de alrededor del 2%), aunque el recorte ruso había elevado su precio más de un 2%.
Como respuesta a las restricciones al petróleo ruso, el presidente Vladímir Putin ordenó a su Gobierno que vetase la venta de petróleo a los países que apoyasen estas restricciones. Su viceprimer ministro ha defendido esta respuesta al asegurar que este tope “es una interferencia en las relaciones de mercado”, según el comunicado difundido por el canal oficial del Ejecutivo.
Además, Nóvak ha advertido que se puede estar gestando una futura crisis internacional del petróleo con este tipo de sanciones. “Si nos guiamos en el futuro por decisiones como el embargo y la introducción de precios máximos, puede haber un gran desequilibrio, una escasez de recursos energéticos y una disminución de la inversión en el sector”, ha manifestado.
El pasado 5 de diciembre entró en vigor el techo al precio del petróleo ruso impuesto por la Unión Europea y los países del G-7, que incluyen a EE UU, Canadá y Japón. Este limita a 60 dólares el coste del barril que pueden transportar las empresas para no ser sancionados, lo que ha provocado un enorme problema logístico para las compañías rusas por apenas disponer de petroleros propios y depender hasta ahora de aseguradoras establecidas en Londres.
Estas restricciones han sido ampliadas desde el comienzo de febrero con otro tope a los precios máximos de los derivados de petróleo rusos. La UE fijó un límite de 100 dólares para los más caros, como el barril de diésel, y de 45 dólares para los más baratos. No obstante, la medida es flexible y permite exportar crudo ruso a terceros países para que lo refinen y Europa compre el producto final. Eso amortiguaría el impacto de las sanciones en el propio bloque comunitario, que hasta ahora importaba aproximadamente la mitad de los derivados de Rusia.
