El gerente de la ENEE, Jesús Mejía, y miembro de la Junta Directiva, respondió a las acusaciones de la CREE sobre la responsabilidad de los directivos en la crisis de suministro eléctrico en varias ciudades del país.
Señaló que el comunicado de la CREE contiene información “falsa” sobre los procedimientos realizados por la Junta de Licitación ya que el ente regulador aprueba las bases de las licitaciones y la misma Ley facultan algunas decisiones a los directivos.
El conflicto entre la ENEE y la CREE se conoció con las fallas de suministro en el litoral Atlántico y en Olancho, pero tiene su origen en la licitación de 820 megavatios realizada en diciembre de 2017.
Esa licitación ha sido considerada “exitosa” por la ENEE y el presidente del Ejecutivo. Sin embargo, sólo se adjudicaron 472 megavatios y una empresa precalificada fue rechazada por “falta de experiencia”.
En el caso de Olancho el contrato fue de un año (concluyó en enero), porque la planificación de la ENEE estimaba la entrada de operación de Patuca III, un proyecto que cuesta más de 500 millones de dólares, que sigue sin fecha de inicio.
Ley, contratos y apagones
“En el Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica, Artículo 9, inciso H, dice que si algo no previsto sucede lo tiene que resolver la Junta de Licitaciones y posteriormente se envía a la CREE”, señala Mejía.
“Este mismo Artículo estuvo en la licitación de los 820 megas en el año 2017; estas mismas bases de licitación fueron aprobadas por la CREE en diciembre del año pasado”, aseguró el funcionario.
Mejía, quien no se refirió a la figura de discrecionalidad en las contrataciones, dijo que hasta ahora “han venido a querer cambiar las reglas del juego”.
“Mencionan que hubo una publicación el día de apertura de licitación, es falso; la publicación se hizo el 26 de marzo del presente año y la apertura se fue el 3 de abril (seis días antes)”, agregó.
En el Artículo 16, inciso E, expresó, se establece que previa autorización de la CREE, en casos apremiantes, la Junta de Licitaciones podrá publicar cualquier aclaración, siempre y cuando se informe a los interesados; ¿por qué mienten si el reglamento lo dice?
“Aclaro, no tiene nada que ver eso con el litoral atlántico, esto tiene que ver exclusivamente con Olancho. Lo único que ha hecho la Junta de Licitaciones es apegarse a la Ley”, apuntó.
Según la Ley, opinó, mientras el ODS no entre en función, es el Centro Nacional de Despacho el que asume esa responsabilidad. Estamos abiertos a una investigación.
El conflicto de autoridades confirma la falla en la planificación de la demanda de energía y la transparencia en los procesos de contratación en la ENEE.
