Un fallo del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán a favor de una empresa estadounidense contratada durante la administración de Manuel Zelaya Rosales, que embarga una cuenta del Estado por más de 2.600 millones de lempiras, fu rechazado por la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República (PGR).
En una conferencia de prensa, el procurador general, Manuel Díaz Galeas y la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, y con la venia del Banco Central de Honduras (BCH), denunciaron que el fallo judicial es parte de “una red de corrupción público privada” que opera en el país y utiliza el Poder Judicial. Además que no entregarán “ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro” a pagar la demanda que perdió contra la empresa representada por Murray Paul Farmer.
Los funcionarios de la PGR y Finanzas señalaron que la intención de esta red de corrupción pretende dejar al Estado insolvente y sin posibilidad de cubrir las obligaciones de pago que corresponde a las planillas del presupuesto.
El comunicado conjunto de las tres instituciones afirma que no entregarán un lempira de la caja del tesoro “para pagar a corruptos que asaltan al Estado utilizando el Poder Judicial”.
El embargo data después del paso del huracán Mitch en Honduras en 1998, en ese momento, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) financió parte de la reconstrucción nacional y a través de una licitación pública adjudicó a la empresa DRC INC un contrato valorado por 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras.
En 2007, administración de Zelaya Rosales, la empresa estadounidense sometió al Estado a un proceso arbitral ante el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) por supuestos daños y prejuicios por suspensión del contrato.
Dos años después, el proceso fue trasladado a un centro de conciliación y arbitraje que armó el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y dictó un laudo internacional que condenaba al Estado a pagar a la empresa por daños y perjuicios.
La empresa estadounidense presentó una demanda contra Honduras en el Tribunal del Distrito Federal de Washington y el 23 de octubre de 2014 la Corte Federal sentenció que el Estado hondureño no tenía la obligación de pagar la deuda de USAID-FHIS.
Subcontrato de DRC Inc a Nacional de Ingenieros
Las instituciones revelaron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó al Estado a pagar a la subcontratada Empresa Nacional de Ingenieros, que está representada por Ivis Germán López Ayestas y Lily Raudales Villafranca, por 351.1 millones de lempiras por daños y perjuicios, y 42 millones por honorarios profesionales.
La Empresa Nacional de Ingenieros también demandó a Honduras por 1.200 millones de lempiras por daños y perjuicios por un contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la que también fue condenado.
(VEA: ENEE pierde demanda de Nacional de Ingenieros y acuerda pagar 700 millones de lempiras)
Igualmente, el Estado denunció que la CSJ condenó a Honduras a que pague de manera inmediata la suma de dos mil 600 millones de lempiras, adicionales a los que se pagó a la Empresa Nacional de Ingenieros.
En ese sentido, la Procuraduría General de la República (PGR) ha presentado 44 acciones ante el sistema de justicia, sin obtener resultados positivos. La cuenta de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central de Honduras sería embargada en 2.600 millones de lempiras dejando insolvente al Estado, de acuerdo a la denuncia estatal.
