Para economistas nacionales e internacionales, el nivel de endeudamiento de Honduras (48% del PIB), tiene una serie de riesgos e impactos a corto plazo que podrían paralizar la economía nacional.
Economistas de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), reconocen que existe una política de endeudamiento público, pero eso no ha detenido el aumento de créditos.
La deuda pública llegó a 11.517 millones de dólares a marzo de 2019.
Los riesgos
Patricia Miranda y Rodolfo Bejarano, de Latindadd, hacen un análisis de los principales riesgos que enfrenta el país en el tema de deuda pública (externa e interna).
Incremento del servicio de la deuda pública: “En el año 2005 el pago de servicio de la deuda pública en Honduras fue de $308 millones y en 2017 de
$1.183 millones”.
Su peso en el presupuesto aumentó del 13% el 2005 a 23% el 2017, monto mayor al asignado a educación y el doble al de salud.
Emisión de bonos soberanos para gasto corriente y pago de deuda: “Gran parte de los bonos emitidos el 2017 se utilizaron para el control de gastos corrientes en vez de generar inversión social, y también para pagar parte de la deuda interna”.
Políticas tributarias regresivas: Hay un “incremento de impuestos regresivos, aumento del impuesto sobre ventas del 12 al 15%, incremento al impuesto del consumo de combustibles, eliminación de algunos subsidios, creación de impuesto a ventas brutas, entre otros”.
Déficit primario y global de la administración central, “en parte provocado por los grandes déficits administrativos obtenidos por las empresas públicas como ser la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Deudas no reconocidas
Como ejemplos, los economistas de Latindadd destacan las Alianzas Público-Privadas, impulsadas por Coalianza para proyectos de infraestructura.
“Cuyo marco legal tiene vacíos que inciden en el manejo, control y participación de las empresas, sin mecanismos de regulación y con el riesgo de generar un aumento en los pasivos contingentes, que tendrían una posterior incidencia en el control del déficit fiscal de la administración central”.
También advierten, la “Deuda Cuasi Fiscal del Banco Central”, que atraviesa por un proceso de descapitalización acentuado por las pérdidas asociadas a una alta tasa de política monetaria desde 2000 hasta 2014.
“Esto ha sido compensado por la administración central con bonos a largo plazo sin valor real de mercado”. Se prevén más emisiones en esta modalidad.
Deuda interna de instituciones intergubernamentales (instituciones de pensiones, empresas públicas, instituciones públicas descentralizadas)
y la “Deuda flotante” que subió de $92 millones el 2005 a $1.191 millones el 2017.
Entes de previsión acreedoras de deuda interna
El 64% de los bonos y letras están colocados en estas instituciones de previsión social.
Adicionalmente, desde el 2014 la mayor parte de las instituciones de pensión pública han sido intervenidas vía comisiones cuyos integrantes,
en su mayoría, provienen del gobierno, generando una colusión entre el gobierno y la junta de intervención.
Este es un riesgo en la sostenibilidad actuarial de estas instituciones.
