Para el sector privado del país, la inclusión de la figura de “justiprecio” en la nueva Ley Especial de Energía Eléctrica, aprobada por el Congreso Nacional, genera inquietud e incluso el temor a posibles expropiaciones de plantas generadoras.
La figura se incluye los artículos 4, 5 y 6, de la Ley Especial para garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social, relacionados a la renegociación de contratos de energía vigentes y a la autorización a la ENEE para “adquirir plantas de generación”.
Para el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, el “justiprecio”, tal como quedó establecido en la nueva Ley de Energía, genera inquietud en cuanto a inversión. “Definitivamente nosotros creemos que en el sistema eléctrico de Honduras se tenia que hacer algo diferente particularmente en el tema de justiprecio y revisión de contratos”, declaró.
En reunión con autoridades del Gobierno los empresarios expresaron esas dudas y se les aseguró que no existe intención de “expropiación o nacionalización”, el ejecutivo espera que la renegociación de contratos sea en buenos términos y no se llegue a la compra de plantas.
“El mensaje es de inquietud, de incertidumbre, no podemos negar eso”, afirmó.
¿Qué es justiprecio?
El justiprecio, también conocido como justo precio, supone la cuantía de la indemnización que debe pagar el beneficiario de una expropiación al expropiado. En este monto se tiene en cuenta el valor de los bienes, derechos o intereses patrimoniales expropiados.
Para Elsia Paz, presidenta de la Asociación de Energía Renovable (AHER), la palabra justiprecio es clara y una amenaza al sector. “Primero, vemos que esto es una amenaza, ante la interpretación que se le ha dado, la definición tanto en la Constitución de la República es producto de una expropiación, así que no lo interpretan de esta manera los funcionarios que lo han propuesto”, dijo.
En el caso del sector privado de inversiones, “lo vemos como una amenaza fuerte, es algo que no tiene que ser parte de las renegociaciones, ya que las renegociaciones están incluidas en un contrato de suministro de energía, donde de mutuo acuerdo se puede llegar a acuerdos, así que no era necesario este artículo, mucho menos con esta amenaza de un justiprecio”, agregó.
Sostiene que ahora participarían en una “renegociación o revisión forzada”, y esperan que no le traiga repercusiones al país en general para los inversionistas y las inversiones que se requieren especialmente en transmisión y distribución. “Los inversionistas no van a venir a un país donde se mantenga una frase de ese tipo”, apuntó.
Para los proyectistas de la Ley, en el Poder Ejecutivo, la ley declara el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, por lo tanto se requieren de todos los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la misma.
