La reforma del sector energética, planteada en la nueva Ley de Energía, provocó la reacción del Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora en el país Laura Dogu, quien manifestó su “preocupación por sus efectos en la inversión extranjera” y en la independencia del ente regulador (CREE).

La declaración, vía tuit de la diplomática, fue respondida rápidamente por el Canciller, Eduardo Reina, que la calificó de “opinión desafortunada de política interna”.

Y es que la “Ley Especial para garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho de naturaleza económica y social”, plantea la posibilidad de que el Gobierno, de no llegar a una revisión de contratos con generadores privados, adquiera las plantas de generación a cambio de un “justiprecio” (expropiación, según los analistas legales, compra justa según el Gobierno).

Entre los generadores de energía que reclaman pago del Gobierno hondureño, se encuentran empresas de capital estadounidense.

Por esta razón, la recién nombrada embajadora Laura Farnsworth Dogu (EE UU no nombró embajador desde el Golpe de Estado), posteó en su cuenta de Twitter: “La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética ​y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”.

En la nueva Ley se crea una nueva Comisión Reguladora y se elimina al Operador del Sistema (ODS), entes creados con la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), vigente desde el 2014.

“Desacertada opinión”  

El gobierno de Honduras respondió a través del Ministro de Relaciones, Carlos Reina, en su cuenta de twitter: “Sra Embajadora Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EE UU”.

Para el sector privado las declaraciones entre las máximas representaciones diplomáticas podría generar mala imagen internacional y hacer más difícil la reactivación económica del país.

Hay que recordar que la línea politica del actual Gobierno es de izquierda y no sorprende las diferencias con EE UU. Sin embargo, se mantiene el acercamiento con el FMI para acceder a recursos internacionales. EE UU tiene un fuerte voto en las decisiones del Fondo Monetario.