Por Raphael Espinoza/Vitor Gaspar/Paolo Mauro/Dinero HN
Poner fin a la crisis de salud y abordar sus consecuencias inmediatas sigue siendo la máxima prioridad, pero los gobiernos también se beneficiarían si se comprometieran con la responsabilidad fiscal.
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los gobiernos han extendido un apoyo fiscal masivo que ha salvado vidas y empleos. Como resultado, la deuda pública ha alcanzado un máximo histórico, aunque se espera que disminuya marginalmente en los próximos años . Estos desarrollos plantean preguntas sobre qué tan alto puede llegar la deuda sin ser perjudicial.
El compromiso con la disciplina presupuestaria y la comunicación clara de las prioridades políticas vale la pena.
Abordar la emergencia sanitaria sigue siendo fundamental, especialmente en países donde la pandemia aún no está bajo control, y el apoyo fiscal será invaluable hasta que la recuperación sea sólida. El momento adecuado para comenzar a reducir los déficits y la deuda dependerá de las condiciones específicas del país.
Pero los gobiernos también deben considerar los riesgos fiscales y la vulnerabilidad a crisis futuras. Afortunadamente, las tasas de interés han sido muy bajas a nivel mundial. Pero no hay garantía de que esto dure.
Mayor previsibilidad
Nuestro nuevo Monitor Fiscal sostiene que comprometerse con unas finanzas públicas saneadas, con un conjunto creíble de reglas e instituciones para guiar la política fiscal, puede facilitar las decisiones de política fiscal en la coyuntura actual. Cuando los prestamistas confían en que los gobiernos son fiscalmente responsables, facilitan y abaratan la financiación de los déficits por parte de los países.
Esto gana tiempo y hace que la estabilización de la deuda sea menos dolorosa. Por ejemplo, cuando los planes presupuestarios son creíbles (medidos por lo cerca que están las proyecciones de los pronosticadores profesionales de los anuncios oficiales), los costos de los préstamos pueden caer temporalmente hasta en 40 puntos básicos. E incluso para los gobiernos que no obtienen préstamos de los mercados, la credibilidad fiscal puede atraer la inversión privada y fomentar la estabilidad macroeconómica.
Los gobiernos pueden manifestar su compromiso con la sostenibilidad fiscal al tiempo que abordan la crisis en curso de diversas formas, como emprender reformas fiscales estructurales (por ejemplo, reforma de subsidios o pensiones) o adoptar reglas presupuestarias y establecer instituciones orientadas a promover la prudencia fiscal.
Aumenta la deuda no deseada
Cuando los gobiernos conciben y ponen en práctica normas e instituciones presupuestarias, deben esforzarse por considerar todos los riesgos para las finanzas públicas. La deuda a veces aumenta más allá de lo previsto en la línea de base. Estos saltos suelen oscilar entre el 12 y el 16 por ciento del PIB en horizontes de proyección de cinco años, muestra nuestra investigación.
Detrás de estos choques negativos se encuentran el decepcionante crecimiento del PIB a mediano plazo y otros impulsores de la deuda, incluidos los rescates de empresas y la depreciación del tipo de cambio. Muchos países ahora enfrentan mayores riesgos fiscales como resultado de préstamos récord, garantías y otras medidas tomadas para proteger empresas y empleos de las consecuencias del COVID-19.
Estos choques ejercen presión sobre los presupuestos y las instituciones fiscales, como las reglas fiscales, que deben ser flexibles para permitir mayores déficits cuando sea necesario. Las estrategias de mitigación de riesgos bien diseñadas, como las restricciones en la elegibilidad de los préstamos o los límites en el tamaño y el vencimiento de los préstamos, pueden reducir estos riesgos o limitar los costos fiscales si se materializan. Pero estos marcos también deben garantizar una reducción constante de la deuda en los buenos tiempos, de modo que el apoyo fiscal pueda volver a desplegarse en el futuro .
Normas e instituciones presupuestarias
Un conjunto sólido de normas e instituciones presupuestarias debería tratar de lograr tres objetivos generales: sostenibilidad; estabilización económica; y, en el caso de las reglas fiscales en particular, la simplicidad. Sin embargo, es difícil cumplir los tres objetivos a la vez.
Aunque las reglas numéricas simples a veces pueden ser rígidas, mostramos que promueven la prudencia fiscal. Por ejemplo, los países que siguen las reglas de la deuda generalmente logran revertir los saltos de deuda del 15 por ciento del PIB en aproximadamente 10 años en ausencia de nuevos choques, significativamente más rápido que los países que no siguen las reglas de la deuda.
Las reglas numéricas no necesitan depender solo de la deuda: otros indicadores, como la factura de intereses o el patrimonio neto del gobierno, pueden complementar los indicadores tradicionales de deuda y déficit. Las reglas de procedimiento ofrecen más flexibilidad que las reglas fiscales numéricas, pero puede ser más difícil para los gobiernos comunicar y monitorear el cumplimiento sin metas numéricas, particularmente en ausencia de instituciones fiscales sólidas.
Nuestra investigación muestra que el compromiso de un país con la disciplina presupuestaria y la comunicación clara de las prioridades políticas, respaldado por la transparencia sobre el gasto y los ingresos del gobierno, da sus frutos.
Muchos países suspendieron sus reglas fiscales en 2020 con el fin de aumentar correctamente la atención médica y el gasto social para hacer frente a la pandemia. Nuestro análisis de los periódicos muestra que los informes de los medios sobre la suspensión de las reglas fiscales fueron más positivos en lugares con mayor transparencia fiscal.
Las reglas e instituciones presupuestarias sólidas, respaldadas por una comunicación clara y transparencia fiscal, mejoran la credibilidad. Eso, a su vez, mejora el acceso al crédito y asegura más margen de maniobra en tiempos de crisis. En última instancia, los marcos fiscales solo son eficaces si cuentan con suficiente apoyo político. Aun así, ayudan a enfocar las discusiones y, por lo tanto, pueden ayudar a alcanzar un consenso político sobre políticas fiscales creíbles.
