El Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitió el listado de funcionarios corruptos en el Triángulo Norte de Centroamérica, y donde se menciona a los políticos y diputados hondureños: Óscar Nájera, Welsy Vásquez, Gladis Aurora López, Gustavo Pérez, Juan Carlos Valenzuela y Milton Puerto.
De los seis mencionados, cinco son por el caso del Arca Abierta que, investigó la desaparecida MACCIH, y que implica el desvió de 800.000 dólares (unos 19 millones de lempiras), y un diputado (Óscar Najera) es señalado por narcotráfico y relacionado con “Los Cachiros”, un grupo criminal dedicado al tráfico de droga y lavado de activos.
De acuerdo a la información revelada en los tribunales hondureños, los diputados solicitaron dos millones de lempiras en Casa Presidencial ($83,333), tres millones del Congreso Nacional ($125,000) y 16 millones de la Secretaría de Finanzas ($666,000) que en menos de dos meses mediante transferencias se depositaron en la cuenta bancaria de Banco PROMERICA que tenía la Asociación Planeta Verde. La fiscalía señala que posteriormente los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas.
El reporte del Departamento de Estado
Con fecha 17 de mayo, el reporte fue enviado con una carta adjunta firmada por Naz Durakoglu, asistente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos en el comité de asuntos legislativos. Según la misiva, la lista forma parte de un informe entregado al congreso el pasado 21 de abril, por lo que es posible que el mismo tenga a más involucrados o sospechosos.
El Informe al Congreso sobre funcionarios corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador Sección 7019 (e) del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Ley de Apropiaciones de Programas Relacionados, 2021 (Div. K, P.L. 116-260) y reporte de la Casa Blanca 116-44.
El Informe fue preparado por el Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Hacienda, y se somete a el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Comités de Asignaciones de la Cámara y el Senado, y la Cámara y el Senado Subcomités de Apropiaciones del Estado, Operaciones Extranjeras y Afines Programas.
De acuerdo con los requisitos de la sección 7019 (e), “este informe identifica la siguientes personas en Honduras, Guatemala y El Salvador: (1) senior funcionarios del gobierno que se sabe que han cometido o facilitado actos de “gran corrupción” o tráfico de estupefacientes; (2) funcionarios electos que se sabe que tienen Recibió fondos de campaña que son producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas. actividades en los dos últimos años; y (3) individuos conocidos por haber facilitado la Financiamiento de campañas políticas en cualquiera de los países del Triángulo Norte con el producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años”.
De acuerdo con la declaración explicativa conjunta que acompaña al año fiscal 2021 SFOAA, la lista incluye personas de las que el Departamento tiene conocimiento de los medios informes, información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión.
El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerar todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta en el norte Países del triángulo.
Los acusados en El Salvador y Guatemala
El Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó un extracto de un reporte que revela cinco nombres de dirigentes y funcionarios de los partidos Nuevas Ideas, FMLN y GANA de El Salvador.
En concreto, el Departamento de Estados señala a Carolina Recinos, actual jefa de gabinete y operaciones del gobierno de Nayib Bukele; José Luis Merino, exviceministro y financista del FMLN; Rogelio Rivas, exministro de Seguridad del gobierno de Bukele; Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa oficialista y líder del partido GANA; y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del partido FMLN.
Las acusaciones más fuertes son para políticos de Guatemala donde se acusa a Acisclo Valladares, exministro de Economía de Guatemala, por blanqueó de $10 millones en ganancias de cocaína para traficantes mientras pagan sobornos a corruptos políticos y embolsarse algo de dinero que pasó por los EE UU cuentas bancarias de las empresas de Miami. Fue acusado en los Estados Unidos en 2020 de conspirar cometer blanqueo de capitales pero sigue prófugo.
Carlos Danilo Preciado Navarijo, alcalde de San Marcos fue detenido en 2021 y está acusado de narcotráfico y su posible relación con cárteles. en México y Colombia. Su captura se realizó en el Tocumen Aeropuerto Internacional, en Panamá, por las autoridades de Panamá a solicitud del Estados Unidos.
Boris Roberto España Cáceres, miembro del Congreso de Guatemala desde 2012, se desempeñó como primer secretario del Congreso de Guatemala para el período 2017-2018, y se desempeñó como gobernador del departamento de Chinquimula de 2005 a 2017. Los informes noticiosos indican que España fue un intermediario clave en un tráfico de influencias y anillo de corrupción de soborno activo.
Felive Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso de Guatemala, fue designado bajo la Sección 7031 (c) en 2020 debido a su participación en importantes corrupción. Mientras actuaba en su capacidad oficial, el Sr. Alejos estuvo involucrado en actos corruptos para enriquecerse a sí mismo, al mismo tiempo que daña gravemente a EE. UU. negocios actividades económicas internacionales.
Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial de Guatemala, fue designado bajo la Sección 7031 (c) en 2020 debido a su participación en importantes corrupción.
También se presentó una acusación especial en base a la Sección 3 sobre “individuos que se presume que han facilitado el financiamiento de Campañas políticas con el producto del tráfico de estupefacientes u otras actividades ilícitas”, hechos en los últimos dos años en Guatemala, a Mario Amilcar Estrada Orellana, candidato presidencial de 2019 y ex Congresista.
Estrada Orellana fue acusado en tribunales de los EE UU con la búsqueda de “$10 a 12 millones de Cartel de Sinaloa de México para financiar un plan corrupto para elegir a Estrada como presidente de Guatemala a cambio de transportar cocaína a los Estados Unidos”.
