Este martes los aeropuertos Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, Juan Manuel Gálvez de Roatán, y Golosón de La Ceiba, pasaron a ser administrados por la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) y operado por Houston Airport.
Mientras el Aeropuerto de Toncontín de Tegucigalpa será dirigido por Palmerola International Airport (PIA) del Grupo Emco en sociedad con Munich Airport.
El lunes 28 de septiembre concluyó la concesión con Aeropuertos de Honduras.
Según la Superintendencia de Asociaciones Público Privadas (SAPP), los nuevos administradores deben garantizar operatividad aeroportuaria mientras se realiza una nueva licitación para decidir el futuro de las terminales.
Leo Castellón, comisionado presidente de la SAPP, recordó que el Gobierno creó la empresa EHISA para manejar los aeropuertos de la zona norte (San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán), y Palmerola (Grupo Emco), el aeropuerto Toncontín.
Ambas administraciones están condicionadas, agregó, “Emco-Munich manejará el Toncontín hasta que entre en operación Palmerola (el próximo año) y Toncontín quedará para vuelos nacionales”.
EHISA, administrará los otros tres aeropuertos hasta que que se haga una licitación de una nueva concesión a través de una licitación internacional programada para el 2021.
Castellón no respondió sobre si existen obligaciones de inversión o canon (cargo operativo) para los nuevos administradores, pero sostiene que los 150 millones de lempiras aprobados para EHISA, “deberán ser devueltos al cierre de la operación”.
“Hoy operamos ya, en la mañana, el primer vuelo de United con destino a Houston por medio de la EHISA, importante notar que esta es una
empresa que se rige por el derecho mercantil y es una empresa de derecho privado con capital público, por lo tanto va a ser una operación temporal mientras se estructura el proceso de concesionamiento en el largo plazo”, explicó.
Para el ex gerente de Aeropuertos de Honduras, lo importante del cierre de la concesión es haber cumplido con lo establecido en el contrato tanto en inversiones como en ingresos, con una cifra que supera los 6.120 millones de lempiras para el Estado y certificaciones internacionales en San Pedro Sula y Roatán.
