25 grupos empresariales recibieron, en 12 años, el 67% de las exoneraciones aprobadas

La lista de empresas se puede encontrar en la página oficial de SEFIN

La Secretaría de Finanzas hizo una evaluación de las exoneraciones tributarias de la última década y el valor monetario que dejó de percibir el Estado a cambio de la generación de empleo y desarrollo económico que se esperaba con incentivos fiscales.

Según Finanzas, cuyos datos son incluidos en la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, unos 25 grupos económicos, a través de 142 empresas, acumularon más de 30 mil 791 millones de lempiras, el 66,76% de la totalidad de las exoneraciones fiscales aprobadas entre 2019 y 2021.

De los grupos empresariales 13 son internacionales y 12 nacionales. El principal grupo internacional aglutina a 13 empresas que habrían dejado de pagar “5.192 millones de lempiras, el 11,26%” del total de exoneraciones.

Un grupo hondureño aglutina a nueve empresas y las exoneraciones suman “4.411 millones (9,57%)”. Mientras 2.643 empresas, medianas y pequeñas, recibieron beneficios por un total de 15.329 millones de lempiras.

Según Finanzas, se trata de una “distorsión” en la aplicación de las leyes de regímenes especiales que se aprobaron con el objetivo de generar empleo y desarrollo socioeconómico, pero que no han dado el resultado esperado y por eso serán eliminados.

La institución financiera asegura que estos grupos se consolidaron bajo los beneficios de las leyes Zoli, RIT, APP, Zolitur y Energía Renovable, regímenes aprobados hace 47 años (Zoli) y 39 años (RIT), por ejemplo, y encontraron casos que incumplen los compromisos de generación de empleo, violan el límite de ventas nacionales, las garantías no se pueden ejecutar, se exonera empresas que no están ligadas a la actividad turística, etc.

El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, dijo que el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria tiene tres objetivos: el primero es detener los abusos en los regímenes de exoneraciones fiscales a través de la opacidad tributaria, el segundo es implementar medidas para incrementar los impuestos existentes, y la tercera intención es evitar que el país sea declarado paraíso fiscal.

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