Ocho concesiones quedan bajo “liderazgo” de la administración pública incluyendo Palmerola, CCG, EEH, OPC y Siglo XXI

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El fracaso de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) ha creado un vacío legal en al menos ocho concesiones de Asociaciones Público Privadas (APP), y para “enmendarlo” el Gobierno ha retomado el manejo a través de los entes concedentes.

Según el PCM-081-2020, impugnado en los tribunales de justicia, los entes concedentes deberán asumir el lugar de la desaparecida Coalianza en compañía de la Unidad Técnica de Proyectos APP (UTEP-APP), un nuevo ente de apoyo al Consejo Superior de APP que al final será el representante estatal en la concesiones público privadas.

Las ocho concesiones

El artículo 1 del PCM-081-2020, señala: “Se autoriza que los Proyectos APP
manejados hasta la fecha por la COALIANZA) y cualquier otra entidad especial, bajo cualquier figura, sean liderados por el correspondiente Concedente, para lo cual se contará con el acompañamiento técnico de la UTEP-APP, quedando subrogados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, en todos los derechos y obligaciones que tiene COALIANZA y las otras entidades especiales en todos los contratos de los respectivos proyectos que les han sido traspasado”-

Estos proyectos son: El Corredor Lenca etapas 1,2 y 3 y el Aeropuerto Palmerola (Grupo EMCO-Munich Airport), ahora serán liderados por INSEP, el Centro Cívico Gubernamental (CCG) por Finanzas, la Recuperación de Pérdidas de Energía (EEH) por la ENEE y el Proyecto La Lima mi Ciudad por la Municipalidad de La Lima.

La Terminal de Contenedores y Carga en Puerto Cortés (OPC) y la Terminal de Graneles (AVANZA) tendrán la dirección de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), mientras las obras de la red vial en San Pedro Sula del programa Siglo XXI serán dirigidas por Invest Honduras.

Se instruye a los Concedentes, “elaborar y entregar un informe al Consejo Superior APP, a más tardar 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto”.

Inseguridad jurídica

La empresa privada, a través del Cohep, califican la medida genera desconfianza entre los inversionistas ya que se deja sin efecto los Comités Técnicos conformados entre las partes y manda un mal mensaje a los inversionistas.

Una de las empresas que considera violatoria la medida es EHH que interpuso una demanda judicial alegando inconstitucional y suspensión del acto reclamado. Otras empresas podrían seguir esa misma acción de denuncia.

“En estos contratos tratándose de un tema tan importante como es la energía hay que tener mucho cuidado y medir las cosas con mucho pulso y ponderación”, dijo Ricardo Roa, gerente de EEH, al momento de informar sobre la denuncia en los juzgados.