Gobierno debe revisar política de seguridad jurídica si busca revertir baja competitividad

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Olban Valladares, ex propietario de Bigos

Para el sector empresarial y los analistas económicos, la seguridad jurídica y la política tributaria son dos de los principales factores que podría revisar el gobierno para detener el cierre de empresas y mejorar la competitividad del país.

Honduras ocupa la posición 101 a nivel global en competitividad, según el Foro Económico Mundial,y cerrará el año con una dramática caída de la inversión extranjera y nacional.

Según el empresario y analista económico, Olban Valladares, las protestas empresariales a la política tributaria son válidas, porque desde hace unos años se ha visto la reducción de la actividad económica.

Sin embargo, sostiene, es la inseguridad jurídica la que “pone a temblar a los inversionistas”.

“Lo que más preocupa es que el gobierno, o por lo menos algunos voceros, adoptan posiciones groseras, porque no quieren ver la realidad de lo que está ocurriendo, Honduras ya no es competitivo, nunca fue de primera línea, ni siquiera en el área centroamericana”, opinó.

Valladares, ex propietario de Bigos, señaló que el retiro parcial de empresas como Unilever (que vendió una línea de producción a guatemaltecos) no es una sorpresa porque esa empresa hace tres años trasladó su oficina principal a El Salvador y ha reducido sus operaciones en algunos productos.

“Tenemos que entender que no es por el clima de negocios que se van, no es porque le caen mal los hondureños, es porque no existe, particularmente, en Honduras, la seguridad jurídica y a eso si le tiemblan las empresas”, declaró.

Como ejemplo, Valladares señaló la paralización en la construcción de represas hidroeléctricas y de la minería en el interior del país.

Políticas públicas fallaron

Para Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el cierre de empresas se ha extendido de las pymes a las medianas y las grandes corporaciones.

“El punto es que estamos viviendo las consecuencias de la falta de políticas públicas adecuadas de los últimos años y, obviamente, de un enorme incremento de lo que son los índices de corrupción, que nos trae como consecuencia el deterioro del Estado de Derecho y el retroceso en la competitividad del país”, aseveró.

Esto es preocupante, agregó, porque la tendencia es que nos vamos a convertir únicamente en consumidores de todo y en productores de nada.

Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer?, opina, lo principal es el combate a la corrupción e impunidad y luego establecer los controles necesarios en todas las demás áreas para mejorar la competitividad del país.

Esto unido a reglas claras en materia tributaria que lleven a una reducción de los costos de operación, sin generar controversias entre el funcionario que cobra y el empresario que invierte.

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