Falta de claridad en Q1,700 millones en siete megaobras de infraestructura, la razón de la protesta en Guatemala

557
Un grupo de protestantes encapuchados incendió parte del Congreso en Guatemala

Las dudas que rodean la aprobación del presupuesto general de Guatemala llevaron a la masiva protesta social que incluyó un intento de incendio en el Congreso.

Los diputados de la alianza oficial incluyeron en la ley del presupuesto 2021, siete mega proyectos, empresarios aseguran que las obras son necesarias, pero rechazan los mecanismos que utilizó el Congreso porque no existen garantías de calidad para su construcción.

Aprobado la madrugada del miércoles, el presupuesto contempla iniciativas para reactivar la economía tras los daños ocasionados por las tormentas Eta e Iota, y la recesión por el Covid-19. Sin embargo, en los artículos 89, 120 y 122, se establecen unas mega obras y existen dudas de su realización, además que serían construidas con deuda externa-

Las valoraciones primarias de empresarios y políticos apuntan que las obras incluidas no están blindadas, legalmente, para evitar que se repita otra “mega obra” como la del libramiento de Chimaltenango (costo Q500 millones y presenta fallas), que fue inaugurada y respaldada por el expresidente Jimmy Morales.

El título IX de la ley del presupuesto, destinada a la reactivación económica y social, prioriza Q1, 530 millones; de los cuales Q530 millones son para la construcción del Anillo Regional C – 50, la Ruta Express Metropolitana, el Puente Belice II y el Muelle del Puerto Arenal, pero en el artículo 89 no aparece el detalle de cuánto ocupará cada proyecto.

Los Q1 mil millones restantes deben de servir para las obras de reconstrucción a causa de los estragos que dejó el fenómeno natural Eta, pero no se explica quién va a manejar los recursos, la norma únicamente dice que se asignará a “las entidades que se determinen como responsables”.

En el artículo 120 se colocó un candado al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi), para que no olvide continuar con el mejoramiento carretero “RD – QUE – 16”, del departamento de Quetzaltenango. Para esta obra no aparece un monto estimado ni se conoce el avance que ha tenido.

Mientras que el artículo 122 contempla una asignación de Q222 millones para iniciar los trabajos de construcción y mejoramiento de la carretera CA – 9 Sur, del kilómetro 60.9 al 102.1 del Puerto Quetzal, San José, Escuintla.

Faltan reglas

Durante las últimas semanas la instancia de Jefes de Bloque del Legislativo ha acordado incluir en las propuestas de agenda, la ley de infraestructura vial, una normativa que está pendiente de su última fase de debate parlamentario.

La misma vendría a crear un marco legal, que permita garantías en contratos y construcción de proyectos de infraestructura, pero las obras que diputados incluyeron en el presupuesto carecen de las garantías mínimas de transparencia, a criterio de expertos.

“Creo que los proyectos en general son correctos, lo que nosotros creemos que no funciona es el sistema. Lastimosamente lo que sabemos es que el sistema que tenemos de infraestructura, principalmente vial, no fomenta las buenas prácticas en cuanto a la planeación de los propios proyectos, la ejecución de los mismos; tenemos varios ejemplos, uno de ellos el libramiento de Chimaltenango. Si nos preocupa bastante el mecanismo de ejecución que se vaya a utilizar”, señaló Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

El empresario añadió que hasta para el proceso de planificación es necesaria la ley de infraestructura vial, para tener estrategia en cada obra, “tenemos un sistema que no invierte, que no genera una transparencia al momento de licitar las bases, uno se puede preguntar ¿Esos proyectos con que base se priorizaron? Aquí no hay un plan nacional de infraestructura vial y eso es uno de los primeros temas que si obliga la ley”.

Desconfían de proyectos

A lo interno del Congreso algunas bancadas ya accionaron legalmente contra el presupuesto, entre algunas de las inquietudes que destacan es el proyecto contenido el artículo 120, ya que no identifican un motivo sólido como para incluir la obra hasta con los números de procesos administrativos.

“Yo nunca había visto un artículo redactado así en un presupuesto, mira quiero esto y para que no me lo quiten hasta ponerle el número de NIT, si no, pongamos el número de NIT a todo esto (los demás proyectos), ponerlo como una norma presupuestaria es una mañosería, se tomaron la molestia de hasta poner el tramo para que no halla duda, habrá que ver a cuánto asciende ese tramo, Q6 o Q7 millones por kilómetro tal vez, solo para tener idea”, criticó Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Atender los efectos del covid-19, junto con los estragos causados por los efectos de las tormentas Eta e Iota, fueron las justificaciones para mantener el monto del presupuesto en Q99 mil 700 millones (más de 311.000 millones de lempiras), así como el aumento de la deuda pública que se estableció en Q32 mil 368 millones.

Sin embargo, eso ha encendido las alertas por el riesgo de desconfigurar la estabilidad macroeconómica.

La disciplina fiscal que Guatemala venía tratando en los últimos años, con déficit fiscales controlados, está en riesgo, y eso empezará a generar otros problemas, como la atracción de capitales o cambios en las notas de las agencias calificadoras.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here