BCH confirma préstamo a Finanzas por $232 millones para emergencia por tormentas ETA e IOTA

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Finanzas se endeuda con el BCH en $376 millones

La deuda del Gobierno Central con el BCH aumenta en $376 millones

El Directorio del Banco Central de Honduras (BCH) confirmó un segundo préstamo al Gobierno Central de 232 millones de dólares, más de 5.642 millones de lempiras, dirigido a atender los daños de la emergencia por las inundaciones que dejaron las tormentas ETA e IOTA.

La aprobación, que fue anunciada la semana pasada, eleva la deuda interna del Gobierno con el BCH a “376 millones de dólares (9.113 millones de lempiras)”.

El BCH agregó que a los créditos se suman la moratoria en el pago de la deuda que representa unos 2.011 millones de lempiras.

Lo “positivo” del préstamo a la Secretaría de Finnzas, es que proviene de fondos concesionales otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Banco Central como parte del Acuerdo Stand By, pero fueron aprobados con otros fines.

“Los fondos se transfirieron a la SEFIN bajo las mismas condiciones preferenciales otorgadas al BCH por el FMI. Estos recursos se destinarán a la prevención y combate de la pandemia del Covid-19, a brindar atención a la población afectada; asimismo, a la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura vial del país, provocada por las lluvias e inundaciones ocasionadas por los fenómenos naturales antes mencionados”, destaca el BCH.

“El Gobierno Central tiene que honrar esa deuda en un plazo promedio de seis años con la diferencia que la tasa de interés anda en alrededor de 0,63%”, dijo el Presidente del BCH, Wilfredo Cerrato.

“Hemos conseguido traspasar al Gobierno Central las condiciones de crédito que consiguió el Banco Central, que son las más económicas de todas las operaciones crediticias que ha hecho el Gobierno Central”, agregó.

Se desconoce si esos fondos formarán parte del programa de Gastos por Covid aprobada por el Congreso (hasta 2.500 millones de dólares) o del “plan” de recuperación del nuevo Consejo Consultivo.

El uso de los recursos transferidos a la Secretaría de Finanzas deberá ser objeto de una auditoría externa y sometida a la consideración del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).