Arbitraje por contrato de Corredor Turístico costaría unos 8.000 millones: TI

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La inversión en infraestructura vial se redujo este año

La mala estructuración de los proyectos de Asociación Público Privada (APP) llevará al país a pagar millonarias indemnizaciones por incumplimiento de los contratos.

Uno de los contratos es el Corredor Turístico, a cargo de Coalianza y que fue derogado el año pasado por el Congreso Nacional por incumplimiento del contrato y una indemnización como compensación.

Sin embargo, Carlos Hernández, representante en Honduras de Transparencia Internacional (TI), aseguró que la empresa Autopista del Atlántico, ADASA, busca un arbitraje internacional y reclamaría “350 millones de dólares”.

Hernández recordó que el contrato tuvo varias revisiones aprobadas por Coalianza y al final no cumplió con las inversiones previstas de 286 millones de dólares, cifra menor al reclamo actual.

“El Corredor Turístico fue un proyecto que lamentablemente nosotros denunciamos y el Congreso legisló su finalización, pero ahora nos vamos a ir a un arbitraje internacional y podríamos estar perdiendo hasta 310 millones de dólares, o sea unos 8.000 millones de lempiras”, declaró.

Pero ese no es el único contrato de riesgo, “hay unos tres o cuatro grandes proyectos que tienen las mismas características de negociación la pérdida para el Estado podría ser horrorosa”.

A criterio del ejecutivo, uno de los problemas del Estado es la falta de capacidad de estructurar proyectos y eso expone al país a una serie de demandas.

El representante de TI, no descartó colusión en algunos casos que involucra a funcionarios del gobierno por no contar con mecanismos que permitan hacer negocios de manera transparente, honesta, técnica y lograr beneficios para el Estado.

Además de las denuncias internacionales, existen reclamos nacionales en los juzgados que llevaría al pago de millonarias cantidades de fondos públicos y sin aplicar sanciones a los funcionarios que aprobaron los proyectos.

“Incluso el Fondo Monetario Internacional ahora mismo está evaluando justamente el clima para hacer negocios, pero también el respeto de la ley, lo que se vería mal con las demandas internacionales”, concluyó Hernández.

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