Hoy en día, más personas tienen acceso a la protección social que en ningún otro momento de la historia. Durante la última década, 4.700 millones de personas en países de ingresos bajos y medios accedieron a ella. Sin embargo, persisten graves deficiencias. Dos mil millones de personas en esos países siguen sin protección social o con una cobertura insuficiente.
El Informe sobre el estado de la protección social 2025: El desafío de los 2.000 millones de personas, del Banco Mundial, documenta los avances y los desafíos para fortalecer los sistemas de protección social y laboral en los países de ingresos bajos y medios y analiza vías para cerrar gradualmente la brecha de cobertura y adecuación para los más pobres del mundo.
El Banco Mundial se ha comprometido a ampliar los programas de protección social, trabajando con gobiernos y socios, para llegar a 500 millones más de personas, la mitad de ellas mujeres, para 2030.
¿Qué es la protección social?
La protección social es el conjunto de medidas públicas que protegen a las personas y familias frente a las dificultades económicas y sociales , con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos.
Los tres pilares de la protección social —asistencia social, seguro social y programas del mercado laboral— apoyan a hogares y trabajadores en la gestión de crisis, la superación de la pobreza, la adaptación a las transiciones y el aprovechamiento de las oportunidades de empleo. Los programas de protección social bien diseñados tienen un alto retorno de la inversión, apoyan el capital humano y el crecimiento económico a largo plazo, y ayudan a las personas a ser más autosuficientes. Por cada dólar transferido a familias pobres, se estima un efecto multiplicador de 2,50 dólares en la economía local.
Algunos ejemplos de programas de protección social incluyen: redes de seguridad y transferencias de efectivo, pensiones y desarrollo de habilidades.
Los programas de protección social y laboral ha aumentado 10 puntos porcentuales, del 41% al 51% de la población entre 2010 y 2022, con avances significativos entre los pobres de los países de bajos ingresos.
Durante la pandemia de COVID-19, las respuestas de protección social de emergencia beneficiaron a 1.700 millones de personas en países en desarrollo, lo que demuestra la importancia de contar con sistemas de respuesta ante emergencias. Los países con una sólida infraestructura de prestación de servicios antes de la pandemia respondieron con mayor eficacia, lo que pone de relieve la necesidad de una inversión proactiva.
Las brechas de cobertura continúan
En la actualidad, 2.000 millones de personas en países de ingresos bajos y medianos siguen sin cobertura de protección social o con una cobertura inadecuada, incluidas más de 1.000 millones de personas tan solo en África y el sur de Asia.
Tres de cada cuatro personas en los países de bajos ingresos no reciben ningún tipo de protección social, e incluso en los países de ingresos medios-bajos más de la mitad de la población permanece sin cobertura.
Al ritmo actual de crecimiento, se necesitarán 18 años para lograr una cobertura total para quienes viven en la pobreza extrema y 20 años para cubrir al 20% de los hogares más pobres en los países de ingresos bajos y medios.
Para unos 400 millones de personas, las prestaciones de protección social son tan escasas que podrían no ayudarles a escapar de la pobreza ni a amortiguar el impacto de crisis inesperadas. En los países de bajos ingresos, las transferencias de asistencia social representan tan solo el 11% de los ingresos de los hogares pobres.
En la actualidad, persisten las disparidades de género: las mujeres reciben, en promedio, 81 centavos por cada dólar que reciben los hombres en beneficios de protección social, en una muestra de 27 países.
Las poblaciones no alcanzadas se concentran desproporcionadamente en regiones frágiles, afectadas por conflictos y propensas al hambre de África, el sur de Asia y Oriente Medio.
Invertir en programas de empleo es clave
Los servicios sociales y los programas laborales, como las obras públicas, el seguro de desempleo y los servicios de inserción laboral, pueden mejorar considerablemente las oportunidades laborales y los ingresos de las personas de bajos recursos. Pueden ayudarlas a ser más productivas y prepararlas con las habilidades adecuadas. Sin embargo, su impacto suele verse limitado por la escasez de financiación y diseños que no tienen en cuenta las circunstancias locales. Actualmente, el gasto en programas del mercado laboral es de tan solo el 0,25 % del PIB en promedio.
Para acelerar el progreso, los gobiernos pueden adoptar tres medidas políticas, adaptadas al contexto, la capacidad y las limitaciones fiscales de cada país:
- Ampliar la cobertura invirtiendo recursos limitados, particularmente en países de bajos ingresos, en infraestructura como bases de datos, pagos digitales y sistemas de gestión de casos para apoyar eficazmente a los necesitados.
- Proporcionar apoyo personalizado para ayudar a las personas, especialmente en los países de ingresos medios, a avanzar más allá de la supervivencia hacia la autosuficiencia.
- Construir sistemas que respondan a las crisis fortaleciendo los datos, los pagos y las herramientas de alerta temprana para brindar apoyo oportuno y estabilidad laboral durante las crisis.
Para financiar estas recomendaciones, el informe señala que un uso más eficiente de los recursos existentes podría marcar una gran diferencia. Por ejemplo, redirigir las transferencias de efectivo a los pobres podría proporcionar casi la mitad de los fondos necesarios para brindar protección social al 20% más pobre de la población.
