UE multa a Apple con $570 millones y a Meta con $228 millones

Apple fue sancionada con una multa de 500 millones de euros (570 millones de dólares) este miércoles y Meta con 200 millones de euros ($228 millones), en el marco de las primeras sanciones impuestas por los reguladores antimonopolio de la Unión Europea bajo la nueva legislación destinada a limitar el poder de las grandes tecnológicas.

Estas multas de la UE podrían aumentar las tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles a los países que penalicen a empresas estadounidenses.

Las sanciones se producen tras una investigación de un año realizada por la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, para determinar si las empresas cumplen con la Ley de Mercados Digitales, que busca permitir la entrada de competidores más pequeños en mercados dominados por las grandes tecnológicas.

Una ley para promover la competencia

La Ley de Mercados Digitales tiene como objetivo garantizar condiciones de competencia justas en la economía digital. Está centrada en las plataformas con mayor poder de mercado, los llamados “guardianes de acceso” o gatekeepers.

La legislación es aplicable en toda la UE desde 2023. Ese mismo año, la Comisión Europea identificó por primera vez a los proveedores online Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft como gatekeepers. Si alguno de ellos incumple las disposiciones, la Comisión puede imponer sanciones de hasta el 10 por ciento de su facturación global anual, y hasta un 20 por ciento en caso de reincidencia.

Apple bajo presión

Los procedimientos contra Apple y Meta comenzaron ya en marzo de 2024. En el caso de Apple, la investigación se centró inicialmente en la llamada cláusula de “redireccionamiento” (steering): la empresa habría impedido a los desarrolladores de aplicaciones informar a sus usuarios sobre ofertas más económicas fuera de la App Store, lo cual constituye una clara infracción del DMA, según constató ahora la Comisión. Por ello, Apple deberá pagar 500 millones de euros y eliminar dichas restricciones.

Además, la Comisión publicó resultados preliminares sobre otro aspecto: la distribución alternativa de aplicaciones en dispositivos iOS. Aunque Apple permite ahora formalmente tiendas de terceros y descargas de apps vía web, según la UE las condiciones impuestas son tan restrictivas, costosas y poco amigables para el usuario que tienen un efecto disuasorio. Se critica especialmente una nueva “tarifa por tecnología central” (Core Technology Fee) que grava a los proveedores externos.

La Comisión mantiene abiertos procedimientos contra otras empresas estadounidenses. Alphabet, la matriz de Google, está bajo sospecha de favorecer sus propios servicios en los resultados de búsqueda y de obstaculizar a proveedores en Google Play para dirigir a los usuarios hacia ofertas externas. Alphabet tiene la posibilidad de presentar alegaciones.ollan de manera independiente de los actuales conflictos comerciales con Estados Unidos. “No los mezclaremos con nuestras negociaciones con EE. UU.”, declaró a principios de marzo el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

Sin embargo, algunos observadores opinan distinto. Giulia Torchio, del think tank European Policy Center en Bruselas, señala que en algunos Estados miembros la legislación digital sí es percibida como moneda de cambio en las negociaciones. En conversación con DW, la analista política subraya que estas leyes protegen los derechos de los ciudadanos de la UE. Si se utilizan como instrumento de negociación con EE.UU., se enviaría la señal de que se está dispuesto a ceder en principios democráticos fundamentales.

Tanto los aranceles como las sanciones en el contexto de las leyes digitales se diferencian de una eventual tasa digital. Esta gravaría los beneficios de las empresas tecnológicas en el país donde se generen. Una propuesta en ese sentido de la Comisión Europea en 2018 fracasó inicialmente por falta de consenso entre los Estados miembros.

Posteriormente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asumió el trabajo en torno a esa tasa. Aunque en los últimos años el tema perdió visibilidad, ha vuelto a ser objeto de debate en las últimas semanas.

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