La investigación incluye los siete hospitales móviles, ventiladores mecánicos, mascarillas y pruebas PCR
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) entregó al Ministerio Público un informe preliminar sobre seis compras y contrataciones de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest H) por más de 1.500 millones de lempiras, donde existen indicios de responsabilidad penal.
Las investigaciones del TSC se extendieron no sólo a los siete hospitales móviles, sino que incluyen la compra de ventiladores mecánicos sin entregar, mascarillas sobrevaloradas y pruebas PCR en mal estado, además señala que existe responsabilidad de Consejo Directivo de Invest H.
El Informe Especial No. 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-B sostiene que existen “indicios de Responsabilidad Penal en seis hechos detectados en compras y contrataciones ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), en la Emergencia Sanitaria Nacional por el Covid-19”.
Los señalamientos se encaminan a reparos contra el ex director de Invest-H, Marco Bográn, pero no excluye a altos funcionarios con representación en el Consejo Directivo.
Seis compras por 1.500 millones
Los seis casos son:
- Irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento.
- Inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos.
- Inconsistencias en el proceso de compra de 250.000 pruebas para covid-19 las que además se dañaron por mal manejo.
- Contratación de empresa de familiar del Director Ejecutivo de Invest-H.
- Inconsistencias encontradas en la compra de mascarillas.
- Consejo Directivo de Invest-H no intervino oportunamente en compras realizadas.
“Del análisis de las pruebas recabadas el TSC encontró méritos suficientes para remitir un nuevo informe al MP, por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan”, dice el TSC.
Se concluye que “la Dirección Ejecutiva de Invest-Honduras, sin consultar a su Consejo Directivo como máxima autoridad y este Consejo sin ejercer las obligaciones que manda la Ley de la Cuenta del Milenio en base a ser su máxima autoridad, realizó en amparo a la emergencia sanitaria nacional
desembolsos por valor de 60.757,587.50 dólares, más 21.535,986.76 lempiras, identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe perjuicios a la salud y la economía del país”.
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