Por el impacto económico y ambiental y para “corregir” errores del pasado, el Congreso Nacional debería poner mucha atención al primer paquete de contratos de energía renegociados por la ENEE con generadores privados, propusó la ONG, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
ASJ emitió un pronunciamiento cuestionando el retraso en la presentación de los contratos, más de un año, falta de transparencia en la renegociación, razones de rescisión de contratos y apertura a otros, entre otros.
En total se presentarán 18 contratos, con un impacto multimillonario para la estatal de energía que a su vez enfrenta problemas de pérdidas técnicas y financieros que retrasan el pago de la energía que consume el país y eleva las deudas con bancos privados por más de 70.000 millones de lempiras.
ASJ se pronunció en los siguientes términos:
1. El artículo 4 del Decreto 046-2022, de la “Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social”, otorgaba 60 días hábiles a la ENEE para renegociar contratos en operación comercial. Este plazo expiró en agosto de 2022, y hasta la fecha, los cambios, modificaciones y adendas a estos contratos no han sido revelados ni enviados al Congreso Nacional.
2. El artículo 9 del mismo decreto establece plazos específicos y definitivos para que la ENEE ejecute la depuración y rescisión de contratos aún no operativos. Sin embargo, hasta la fecha, la ENEE no ha divulgado detalles sobre el progreso de este proceso ni el estado actual de los aproximadamente 94 contratos que requerían depuración.
3. En cumplimiento a los principios de transparencia y acceso a la información pública, el pueblo hondureño tiene el derecho de conocer cada uno de los contratos en operación que han sido renegociados, antes de que sean enviados al Congreso Nacional, con sus respectivas modificaciones, cambios y adendas, incluyendo rebajas en el kWh, cambios en plazos de duración y su impacto en la tarifa del usuario final; así como los contratos en proceso de depuración comercial que debieron ser rescindidos, incluyendo las condiciones contractuales bajo las cuales opera la nueva planta Brassavola, propiedad de la empresa CECHSA.
4. Instamos a las autoridades a adherirse estrictamente a lo establecido en el Decreto 046-2022 y evitar reactivar contratos que han estado inactivos durante más de una década, lo cual ha agravado el déficit energético y causado severos daños al país.
5. Desde ASJ hacemos un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que analicen meticulosamente y debatan públicamente cada uno de los contratos renegociados, asegurándose de transmitir estos debates en vivo.
Es responsabilidad de los parlamentarios no aprobar contratos que no estén en estricto apego a lo establecido en la Ley y resulten lesivos para las finanzas de la estatal eléctrica y el bolsillo del pueblo hondureño.
Energía más accesible, más barata, más transparente y más amigable con el medio ambiente. Esto no solo es vital para el bienestar económico de Honduras, sino fundamental para asegurar una sociedad más justa para los hondureños.
