El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este viernes de una operación policial y deberá usar tobillera electrónica, en el marco de una investigación abierta para determinar si incentivó a Donald Trump a imponer sanciones contra Brasil, con el objetivo final de interferir en el proceso judicial que enfrenta por el intento de golpe de Estado en 2022.

La investigación, que también alcanza a sus hijos Eduardo y Carlos, fue abierta el viernes pasado en la Corte Suprema, dos días después de que el presidente norteamericano Trump amenazara con imponer un arancel de 50% a bienes brasileños a partir del 1 de agosto.
En una misiva, enviada al presidente Lula da Silva, Trump calificó el proceso contra Bolsonaro en la corte por intento de golpe como una “cacería de brujas que debe terminar inmediatamente”.
Agentes de la policía federal golpearon la puerta de la casa de Bolsonaro en Brasilia esta mañana y lo condujeron a la sede de la policía federal. Luego, el exmandatario siguió a una unidad penitenciaria, donde se le colocó la tobillera electrónica.
Además de su domicilio, la policía allanó la sede del Partido Liberal (PL) en la capital de Brasil.
Durante la requisa, agentes de la policía federal encontraron 14.000 dólares y 8000 reales -cerca de 1450 dólares- en efectivo en la casa de Bolsonaro, confirmaron fuentes de la policía federal.
También incautaron su celular y un pen drive que estaba escondido en el baño, según informó O Globo.
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) dispuso, además del uso de la tobillera, otras medidas restrictivas contra el expresidente por “coacción, obstrucción y atentado a la soberanía nacional”.
A partir de ahora, Bolsonaro será monitoreado las 24 horas. Además, el magistrado le prohibió el uso de redes sociales y salir de casa entre las 19 y las 7.
El expresidente de Brasil no podrá comunicarse con embajadores ni diplomáticos extranjeros, acercarse a embajadas en Brasilia ni hablar con otras personas bajo investigación. Esta decisión le impide también mantener contacto con sus hijos Eduardo y Carlos Bolsonaro, ambos involucrados en la causa.
“Nunca pensé en salir de Brasil o ir para una embajada”, afirmó Bolsonaro este viernes, poco después de que se le colocara la tobillera electrónica.
El exmandatario calificó la operación como una “suprema humillación” y reiteró que es víctima de una “persecución” en el marco del proceso que lo investiga como principal responsable de un intento de golpe de Estado en 2022.
Según la Policía Federal, Bolsonaro y su hijo Eduardo “vienen articulando los últimos meses con autoridades de Estados Unidos sanciones contra agentes públicos del Estado brasileño”.
Además, la policía afirma que ambos actuaron “dolosa y conscientemente de forma ilícita” con el objetivo de “someter el funcionamiento del STF a la voluntad de otro Estado extranjero, por medio de actos hostiles derivados de negociaciones espurias y criminales”.
Para el juez Moraes, Bolsonaro y sus hijos podrían haber cometido delitos como obstrucción de investigación penal vinculada a una organización criminal y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.
Las conductas de Bolsonaro y sus hijos representan actos para “inducir, instigar y ayudar al gobierno extranjero a actos hostiles a Brasil y a un intento de someter el funcionamiento del STF a los Estados Unidos” para frenar el proceso que investiga un intento de golpe para evitar la asunción de Lula.
En su decisión, el propio juez citó una conferencia de prensa que Bolsonaro ofreció el jueves, donde condicionó el fin del tarifazo impuesto por Trump a la concesión de una amnistía.
“Supongamos que Trump quiere una amnistía. ¿Sería pedir mucho? Es facultad del Congreso. Nadie tiene que estar amenazando con tornarlo inconstitucional”, afirmó ese día el expresidente.
Lula da Silva subió el tono contra Trump la noche del jueves, en un mensaje transmitido por cadena nacional. “Recibimos un chantaje inaceptable, en forma de amenazas a las instituciones brasileñas, y con informaciones falsas sobre el comercio entre Brasil y Estados Unidos”, dijo el presidente de Brasil en el mensaje televisado.
Sin embargo, el Palacio del Planalto decidió este viernes que el gobierno no se pronunciará sobre la operación de la Policía Federal. Los ministros también fueron orientados a no hacer declaraciones públicas sobre el tema, según informó O Globo.