La Cámara de Comercio de Cortés advierte efectos con el FMI
El Sindicato de la estatal de energía (STENEE), anunció que preparan una petición al Ministerio Público para que investigue cómo se ampliaron cuatro contratos de energía eléctrica a una empresa privada, sin necesidad de licitación pública.
Los contratos fueron a la empresa Comercial Laeisz y fueron aprobados en el Congreso Nacional, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y la Comisión interventora de la ENEE.
Walter Suazo, representante legal del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, confirmó que preparan un informe que incluye documentación que la licitación de 2017, otorgó cuatro contratos a Comercial Laeisz por tres años y medio, y no hubo más licitaciones.
“Hemos estado trabajando con nuestros representados en un documento que presentaríamos, ya sea a través del Ministerio Público, para que se hagan las investigaciones por la supuesta comisión de un delito. Si se considera que se está violentando una garantía constitucional se presentaría ante la Corte Suprema de Justicia, esto por considerar que se estaría lesionando los intereses del Estado”, declaró el abogado.
Recuerdo que la nueva Ley General de la Industria Eléctrica ya establece que hay una liberación del mercado energético, y en la cual el país es signatario del marco del sector energético de Centroamérica.
“Por lo tanto al considerar de que existen ofertantes que, valga la redundancia de palabras, ofrezcan un mejor precio y mejores condiciones, lógicamente tomar una propuesta de un mayor valor, significaría que ésta lesiona la economía del Estado de Honduras y por ende eso se estaría trasladando al consumidor final o en su defecto a la ENEE, la cual ya presenta déficit en su economía”, explicó.
El problema mayor, agregó, radica en la posible violación del Artículo 205 de la Constitución de la República, que establece las atribuciones que tiene el Congreso para decretar, reformar, interpretar y derogar las leyes.
“Nosotros no hemos visto en ninguna forma que hayan reformado el Artículo 404 del 2013, donde le da las facultades a la CREE, para que ella sea la que apruebe, según el artículo 3, literal “f”, numeral 7 de la Ley General de la Industria Eléctrica, le da las funciones para que sea la CREE la que pueda aprobar, la que pueda investigar, la que pueda supervisar todos esos contratos y considerar si los aprueba o no“, apuntó.
Suazo sostiene que la aprobación está al margen de la Ley en su totalidad, pero que están a la espera que la comisión interventora de la ENEE firmen los contratos, como ordenó el Congreso Nacional, y se remitan a la CREE, para que los aprueben o no.
“Una vez que la CREE de la negativa a esos contratos la Comisión Interventora de la ENEE si bien es cierto tiene las facultades de regresar al Congreso Nacional esa negativa, en ningún momento dice la Ley que le debe notificar a la empresa generadora, como dijeron los interventores (Rolando Bú) , ya que están abriendo el mecanismo a las demandas a esas empresas generadoras”, advirtió el asesor.
“No podemos tener un Congreso tramitador”
Para Pedro Barquero, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), la posición del STENE es correcta y pone en duda el accionar de la comisión interventora.
“Hay denuncias serías de que se violó la Ley al hacer esos cambios en el Congreso Nacional, y eso, definitivamente, que hay que investigarlo y llegar al fondo”, manifestó.
Barquero señala que se aprobó una Ley de Energía para evitar contrataciones directas y la intervención política ya que se firmó un Acuerdo con el FMI para liberar el mercado y rescatar a la ENEE de su inminente quiebra.
“Entonces, si nos comenzamos a salir del camino y comenzamos a violar la Ley, a violar el pacto de la ENEE y a violar lo que es el convenio con el FMI, vamos a meter al país en serios problemas, eso es lo menos que necesitamos en este momento, estamos en medio de una pandemia y tenemos que, de una vez por todas, aprender a hacer las cosas bien en este país”, reclamó.
“No podemos tener un Congreso de la República que sea un simple tramitador del Poder Ejecutivo, un Congreso también que analice bien las cosas que les llevan, que las verifique, que se aseguren, que cumplan con la Ley con todos los procedimientos previo a aprobar cualquier cosa”, concluyó.
