Una comisión legislativa creada por el Partido oficialista Libre, nombraron a Johel Zelaya como Fiscal General interino y Mario Morazán el Fiscal General Adjunto en Honduras. La Constitución de la República establece una votación con tres cuartas parte de los 128 diputados lo que no se cumplió y deja los cargos como ilegales.
Los abogados, sin embargo aceptaron ser juramentados por miembros de la Junta Directiva y la Comisión creada en el último día de sesiones ordinarias legislativas.
“Hemos electo interinamente a un nuevo fiscal general del Ministerio Público y a un adjunto siguiendo las normas de la Constitución y las facultades que tiene la Comisión Permanente”, dijo el presidente en funciones del Congreso, Luis Redondo.
Sin citar ningún artículo, dijo que la Constitución autoriza a la Comisión Permanente a elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los funcionarios que debe ser designados por el Congreso.
Sin embargo, para la elección del nuevo fiscal general y del fiscal adjunto se requieren los votos de al menos 86 de los 128 diputados del Congreso. El partido oficialista solo tiene 50 votos y los cinco partidos de la oposición reúnen 78, por lo que es necesario un consenso para nombrar a los dos funcionarios que duran cinco años en sus cargos.
Los legisladores opositores y juristas coincidieron en que la comisión no podía seleccionar a estos funcionarios porque hay un fiscal en funciones.
“Esa elección que han hecho es ilegal, un golpe a la Constitución pues no hay ausencia de fiscal en el Ministerio Público y deben ser elegidos con 86 votos de la cámara de los 128. Nos están llevando a una dictadura en Honduras como las de Venezuela y Nicaragua”, dijo Tomás Zambrano, líder de la bancada del conservador Partido Nacional de Honduras (PNH).
Más temprano, el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, hizo un llamado para que Honduras “elija a un fiscal general y adjunto con los 86 votos requeridos”.
A fines de agosto culminó el periodo del exfiscal Óscar Chinchilla pero, desde entonces, el Congreso no se ha puesto de acuerdo para escoger a su sucesor. Actualmente, ocupa el cargo el fiscal adjunto Daniel Sibrián.
