La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró con lugar el recurso presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en contra de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDEs).
Hasta el 2021, se han interpuesto seis recursos de inconstitucionalidad presentados contra las ZEDEs. El más reciente es el que presentó la UNAH. La Sala de lo Constitucional ha declarado “no ha lugar” e “inadmisible” cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos previamente.
La admisión del recurso, solamente significa que el escrito interpuesto por la UNAH, cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley. También que se refiere a reclamo educativo, aunque podría tener implicaciones económicas y de inversión, según analistas.
La Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 34 de forma «EX NUNC», es decir, desde ahora.
La resolución, al considerar que vulneran atribuciones exclusivas de la Constitución de la República. En su fallo, la Sala declaró inconstitucional el artículo 34 del Decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE, aprobada por el Congreso Nacional el 12 de junio de 2013.
Se detalla que el artículo 34, según la abogada General de la UNAH, Aída Romero, infringía varios artículos de la Constitución, en particular aquellos relacionados con la Educación Superior.
El artículo 160 de la Constitución confiere a la UNAH la atribución exclusiva para organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional en el país. Sin embargo, el artículo 34 de la Ley de las ZEDEs permite a estas zonas aplicar sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles, y además establece que el ejercicio de las profesiones dentro de las ZEDEs no estaría condicionado a la colegiación o asociación.
Las ZEDEs han sido polémicas desde su creación y han llevado al país ante el CIADI, y a reclamos del Departamento de Estado de Estados Unidos. La Zede Próspera tiene una millonaria demanda ante el CIADI
El Congreso Nacional derogó la ley de las Zedes en 2022, y la ratificación fue aprobada vía Comisión Permanente en 2023.
