El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes un nuevo caso de corrupción en la Secretaría de Gobernación que implica al ministro Tomás Vaquero y funcionarios de esa entidad, que supuestamente drenaron 103 millones de lempiras.
El informe llamado: “El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo”, según la directora del CNA, Gabriela Castellanos, es una operación amañada para beneficiar a familiares con contratos y que no se aplicaron los controles permitiendo que estructuras sigan con el drenaje de fondos públicos.
Señaló que el ministro Vaquero autorizó que el Poder Legislativo, diputados, administrara fondos que le corresponden al Poder Ejecutivo. “Esto no fue un error, fue un acto deliberado que abrió la puerta al oportunismo y la impunidad”, dijo Castellanos.
El beneficiado es el clientelismo político en la que una aprobación de una iniciativa de un diputado para que una organización no gubernamental recibiera fondos mediante solicitudes arregladas ficticios que daba apariencia de legalidad.
El jefe de la unidad de investigaciones del CNA, Luis Urbina, reveló que el perjuicio económico fue de 103 millones 387 mil 277 lempiras. Entre los señalados están el ministro Tomás Vaquero que lo involucran en la supuesta comisión de los delitos de administración desleal del patrimonio público y violación de los deberes de los funcionarios.
Asimismo, señalan a la exgerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, Jackeline Lizzette Pinto Dubón de violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles de funcionario y fraude.
Urbina comentó que entre 2022 y 2023, la Secretaría de Gobernación facilitó la asignación de fondos para que se convirtiera en un esquema de clientelismo político. Gobernación reguló la asignación presupuestaria de 950 millones de lempiras aprobada en el artículo 292 de las disposiciones del Presupuesto del 2023 y su reglamento.
El esquema comenzó en el Congreso Nacional ya que los diputados seleccionaban los proyectos y las ONG que se encargarían de realizarlos.
Vaquero delegó a Sergio Coello (actual ministro de Transparencia), pero que en la época señalada era el viceministro de Gobernación y la exgerente administrativa Jackeline Lizzette Pinto Dubón recepcionar documentación relacionada con la gestión de los desembolsos de fondos para los proyectos de infraestructura menor y obras sociales.
Asimismo, Vaquero añadió requisitos que no estaban expresamente establecidos en el artículo 292 de las disposiciones generales del Presupuesto del 2023 ni en el procedimiento indicado en el artículo 62 del reglamento de dicha ley al señalar que los beneficiarios de los proyectos debían ser seleccionados por “representantes del Congreso Nacional”.
De las seis empresas vinculadas a la exgerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, tres fueron beneficiadas en 2023 con asignaciones de fondos, mientras que el resto recibieron recursos provenientes del presupuesto de la SGJD.
En el momento que las ONG fueron beneficiadas con los proyectos, éstas realizaban un proceso de contratación privada que consiste en la invitación expresa y directa a determinados oferentes calificados.
Según el CNA, en esta etapa se amplió la red de corrupción ya que establecieron conexiones entre los representantes de las empresas, las organizaciones y la funcionaria pública. Este esquema también fue utilizado para las compras menores dentro de la Secretaría de Gobernación.
