Protección ambiental de Islas del Cisne detendría la construcción de “alcatraz” hondureña

Las Fuerzas Armadas tienen “luz verde” presidencial para contratar directamente la construcción del penal

El acelerado plan gubernamental de construir cárceles, vía contratación directa, deberá esperar un poco. Al menos en el penal propuesto en las Islas del Cisne en el caribe hondureño ya que se trata de una zona protegida y que forma parte del segundo sistema de arrecifes a nivel mundial.

La declaración de Parque Nacional Marino data desde 1991, le recordó al gobierno el presidente del Codeh Hugo Maldonado, luego de las declaraciones de funcionarios de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, de que este mes iniciaría la construcción del penal en las islas del cisne.

Antes de Maldonado, la enciclopedia Wikipedia ya describe la historia de las islas que tuvo que ser reclamada a España y a Estados Unidos, y que cuenta con presencia militar desde 1972.

“Las Islas del Cisne es un ecosistema hondureño, área protegida en grado de Parque Nacional Marino Abogado Agustín Córdova Rodríguez desde 1991, cambiado de denominación de forma conmemorativa en 1994 para el abogado Agustín Córdova Rodríguez. Forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (el segundo más importante del mundo, después de Gran Barrera de Coral en Australia)”, destaca la mayor enciclopedia web.

Agrega que organizaciones ambientales que tienen definida esta zona sub-contenida como área de operación Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y The Nature Conservancy presentes en la protección del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). ​

Las islas SantanillaIslas del Cisne (inglés: Santinilla Islands o Swan Islands) forman un archipiélago con un área aproximada de 8 km² de superficie,​ que se encuentra localizado en la parte noroeste del mar Caribe, a unos 250 km de tierra firme de Honduras, a 17º4′ de latitud norte y 83º93′ de longitud oeste, con una altitud de 9 pies (≃ 3 m) sobre el nivel del mar.

El archipiélago está formado por tres islas: Cisne Grande con 5.5 km², Cisne Pequeño con 2.5 km² y el Cayo Pájaro Bobo (Booby Cay) con menos de 0.01 km². Las Islas del Cisne son parte del territorio insular de la República de Honduras en Centroamérica. No existe ningún sistema regular de comunicaciones entre la isla y el continente.

Se ubica a 211 kilómetros de Punta Castilla por lo que es el territorio hondureño más alejado de las costas del país.

En el 2015, el gobierno planteó la idea de convertir la isla en un parque ecológico.

De parque a cárcel

En junio del año pasado, mediante Decreto Ejecutivo Número PCM 29-2023, se aprobó la construcción de un penal de máxima seguridad mediante la contratación directa.

Artículo1. “En virtud de la ratificación de la Declaratoria de ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL realizada mediante Decreto Ejecutivo número PCM 28-2023, se autoriza a las Fuerzas Armadas de Honduras, para que, mediante el proceso de contratación directa, pueda proceder a la compra y adquisición de los bienes, suministros y servicios” para la construcción del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en las Islas del Cisne, Departamento de Islas de la Bahía; y, la finalización de la construcción del Centro Penal de Naco, Departamento de Cortés.

Las autoridades de ambiente incluso dieron el permiso para el incio de las obras, cuyo costo y contratista aún no se ha revelado.

Al respecto, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), señaló que el permiso ambiental es violatorio ya que existe una declaración oficial de área protegida, desde 1991 y que fue cambiado el nombre en 1994.

Hugo Maldonado, presidente del Codeh, sostiene que el decreto de 1991 implica que el gobierno tiene la obligación de conservar y preservar la isla, lo cual contradice los planes actuales de construcción de un penal.

Estimó que cualquier licencia ambiental para la construcción de una cárcel en la isla debería ser suspendida hasta que se resuelva este conflicto legal y ambiental. Además, consideró que la construcción de una cárcel de máxima seguridad no solo sería inviable desde la perspectiva ambiental, sino también contraria a los derechos humanos.

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