A propuesta del Ejecutivo, el Congreso Nacional prepara una prórroga de tres meses más del pago de impuesto sobre la renta (ISR), que vence este mes, limitada a la micro y pequeña empresa “que no haya operado durante la pandemia del Covid-19”.
Esta condición tendría poco impacto en las Mipymes, y menos en la debilitada economía, considera Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC).
Con una apertura gradual en el presente mes son pocas las Mipymes que han logrado sobrevivir al impacto del coronavirus y las grandes y medianas empresas deben pagar dos meses de salario este mes (décimo cuarto), agregó.
“La medida de extender el pago de Impuesto Sobre la Renta debe de ser para todas las empresas porque no hay capacidad de pago en este momento, no es que no queremos cumplir, es que no se puede”, sostiene.
Recordó que las medianas y grandes empresa son las que generan más impuesto y prueba de ello fue que declararon impuestos durante la cuarentena. “Dar un respiro ahora sería una buena señal para la economía que necesita dinero para reactivarse”, apuntó.
De similar manera se pronunció el director de la Cámara de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, quien presentó una petición formal a la Secretaría de Finanzas, que ha respondido con la propuesta de darlo a las Mipymes.
“Estamos en un momento de tratar de recuperar empleos, no hay mucha liquidez disponible y acudir a los bancos, los que puedan, llevará su tiempo. Si el Congreso aprueba una amnistía lo lógica es que sea general, todos estamos golpeados”, declaró.
Según la ministra de Rentas, Miriam Guzmán, el beneficio debe ser para las Mipymes que han estado cerradas (…).
Los grandes contribuyentes realizaron el pago del ISR en abril y “cerca de 30 mil contribuyentes, medianos y pequeños, también pagaron en abril para acogerse al beneficio del descuento del 8.5 por ciento”, manifestó.
Agregó que cerca de 73.000 contribuyentes que en los meses del confinamiento han presentado declaración del Impuesto Sobre Ventas (ISV), “quiere decir que siguen operando”.
Además que existe un buen número de empresas que son proveedoras del Estado que han estado operando y “han reportado mayores beneficios”, y por lo tanto no tiene sentido que sean beneficiados con la medida.
