Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a las 10 personas detenidas por estar aparentemente implicados en un fraude de más de 45.5 millones de lempiras en perjuicio de la municipalidad de San Pedro Sula, Cortés.
El Ministerio Público presentó unos 30 medios de prueba, dijo el portavoz Yuri Mora.
La acusación fiscal incluye a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de la constructora Hercod); Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del actual alcalde Roberto Contreras; Josué David Fajardo Hernández, tío de Steven Fajardo; así como a los representantes de empresas que se coludieron en el esquema: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
También, se responsabiliza a funcionarios y exfuncionarios municipales, entre ellos: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica (Gerencia de Infraestructura); Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos) y Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías).
Se les imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
Los detenidos serán remitidos a la cárcel de Támara.
Acusación contra empleados municipales y Hercod
La acusación se centra en 33 contratos fraudulentos adjudicados entre julio de 2023 y abril de 2024 a la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados al mejoramiento vial, en los que participaron representantes de empresas y empleados municipales en reuniones previas para planificar la adjudicación irregular.
La investigación determinó que los contratos fueron fragmentados para evadir los procedimientos legales de licitación, adjudicando 26 de manera directa y 7 por licitación privada, mientras HERCOD incumplía requisitos básicos como la presentación de garantías y nómina del personal técnico, según el Ministerio Público.
Además, los funcionarios aprobaron pagos sin verificar avances o cumplimiento de obras, y en varios contratos no se especificó la ubicación de los tramos a reparar; algunos proyectos, como la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en El Merendón, aparentemente no se ejecutaron y no hay evidencia de que maquinaria ingresara a las zonas.
