La mandataria revive casos del Decreto 18-2008 y pide reforma al Artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola
La gobierno de la República, en Consejo Nacional de Defensa Seguridad (CNDS), creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, según anunció este martes la Presidenta Xiomara Castro, a través de una cadena nacional de radio y televisión.
El anuncio busca dar tranquilidad sobre la invasión de tierras en el sector rural agroindustrial y así fue entendido por el sector privado. Sin embargo, implicaría nuevas reformas a la Ley Agrícola a través de un proyecto de ley que se enviará al Congreso Nacional, además retoma “129 casos pendientes y 40 resoluciones que beneficiarán a cuatro mil manzanas de tierra y los respectivos títulos e igual número de grupos campesinos“, en base al derogado Decreto 18-2008 (administración de Manuel Zelaya Rosales).
El primer punto de la mandataria destacó la importancia del sector agropecuario que aporta el 12,9% del Producto Interno Bruto y el 35% de las exportaciones del país corresponden a este sector, cuya actividad se desarrolla básicamente en el sector rural, donde el 63% de la población vive en condición de pobreza y el 50% en extrema pobreza.
“Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados”, subrayó Castro, donde la población “lucha a diario por llevar alimentos a sus casas” mientras otros sectores “gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injusto modelos económicos”.
Reforma y mora agraria
Se refirió al acceso a la tierra para los campesinos, mujeres, comunidades indígenas y pueblos originarios. “La reforma agraria es un asunto pendiente han transcurrido más de 30 años desde la promulgación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, decreto legislativo 3192″.
“Lo que no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) dar respuestas positivas a las demandas de tierra”. “El Decreto 18 promulgado en el año 2008 logró disminuir la mora agraria conformada por las solicitudes de tierras presentadas ante el INA”, destacó.
Del año 2010 en adelante se tiene una nueva mora agraria constituida por 1.100 solicitudes de tierra de las aproximadamente 400 resoluciones de expropiación que al tenor del Decreto 18-2008 fueron emitidas y resolvieron gran parte de la mora agraria antes del 2009, añadió.
“A la fecha existen aproximadamente 129 casos pendientes y 40 resoluciones que beneficiarán a cuatro mil manzanas de tierra y los respectivos títulos e igual número de grupos campesinos que reunían los requisitos exigidos por aquel decreto que fue derogado”, resaltó.
Cuestionó la legitimidad de los registros agrarios del Instituto de la Propiedad ya que existen “hasta cuatro títulos superpuesto sobre un mismo predio”.
Nueva comisión y las invasiones
Para ordenar el acceso a la tierra, se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que deberá elaborar un decreto ejecutivo para ser discutido y aprobado en el Consejo de Ministros y elaborar el proyecto de ley para ser sometidos a discusión y aprobación del Congreso Nacional.
El proyecto de ley incluirá “la conciliación de justiprecios pendiente de pagos del decreto 18-2008 y asegurar la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes de acuerdo con los procedimientos contenidos en los expedientes de ley”.
“El artículo 51 de la ley para la modernización y el desarrollo del sector agrícola debe de ser reformado”.
Ordenar al IP para que junto al INA procedan a realizar una investigación exhaustiva de las propiedades que tienen carácter legal en sus antecedentes registrales, pero que en su tramitación y adquisición tienen el carácter de ilegitimidad concediéndole prioridad a la revisión de tierra denunciada por los campesinos u otras personas afectadas por esta situación irregular.
Actualmente se contabiliza un total de 36.451.17 manzanas de tierra que han sido tomadas por diversos grupos de personas, con graves daños a la producción nacional y la economía.
Las investigaciones han demostrado poca operatividad en la evacuación de denuncias y emisión y ejecución de órdenes judiciales de desalojo. Como ejemplo, en el período 2018-2022 de una muestra de 378 denuncias, solamente el 6% han sido evacuadas, denunció Castro.
En relación con las tomas de tierra de fincas de palma aceitera, a la fecha de 56 fincas tomadas se han librado por los juzgados únicamente 22 órdenes de desalojo de las cuales sólo nueve se han ejecutado.
“El Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial”, apuntó.
Se concede prioridad de estas acciones a las tierras tomadas a las empresas del sector social de la economía y de la reforma agraria, así como a las fincas privadas relacionadas con las actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva.
Se les aplicaría el delito de usurpación en flagrancia permanente.
La empresa privada deberá proporcionar toda la documentación necesaria (legal) sobre donde están ubicadas sus fincas. Las fincas que ha sido tomadas al margen de la ley, así como los responsables de estas acciones, deberán presentarse al ser citados por esta comisión y estarán sujetos a la aplicación de esta resolución.
