El Gobierno de Honduras advirtió este domingo que las fuerzas de seguridad no tolerarán los bloqueos de carreteras como método de protesta social y que están autorizados, para tener registros fotográficos y audiovisuales a fin de deducir las responsabilidades.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad indicó que la Policía Nacional aplicará “las medidas legales pertinentes para prevenir y neutralizar cualquier acción que atente contra el Estado de derecho y la estabilidad social, particularmente aquellas que impliquen la obstrucción de vías de comunicación esenciales para el desarrollo del país”.
La secretaría enfatizó que el ejercicio del derecho a la manifestación debe realizarse dentro del marco de la legalidad y con un “respeto irrestricto” a los derechos humanos de todos los ciudadanos y extranjeros en el país.
“La libertad de expresión y reunión no puede interpretarse como una licencia para vulnerar el derecho fundamental a la movilidad, ni para afectar el orden público y la economía nacional”, señaló el mensaje.
En los casos donde se “identifique la participación de individuos en la comisión de actos que constituyan delitos penales, y no sea posible su detención en flagrancia, se solicitarán las órdenes de captura pertinentes ante las instancias judiciales competentes, conforme al procedimiento establecido en el Código Penal y el Código Procesal Penal”, añade la información.
Ante la alerta por posibles planes para bloquear este lunes las principales carreteras hacia el norte y el este del país, la Policía hondureña implementará medidas preventivas, que incluyen la recopilación de registros fotográficos y audiovisuales para identificar a los “responsables de estas acciones”, con el objetivo de “deducir responsabilidades conforme a lo dispuesto en la legislación vigente”, destacó la secretaría.
La Policía reafirmó su compromiso con la “protección de los derechos humanos, el estricto cumplimiento de la normativa legal y la aplicación de los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, racionalidad y temporalidad en el uso de la fuerza”, en línea con el Manual de Uso de la Fuerza y Armas de Fuego.
Además, la institución garantizó que todas sus acciones se llevarán a cabo en “observancia de los principios democráticos y del Estado de derecho, asegurando (así) la paz y la estabilidad social en el país”.
El gobierno hondureño, de izquierda, aplica un Estado de excepción parcial, con la suspensión de varias garantías constituciones desde el 2022, con el argumento de reducción de la criminalidad. Este año, en tres meses, se registra más de una docena de matanzas.
