En el marco de la Operación Némesis VIII, el Ministerio Público informó que “inspeccionó y extrajo información y data digital en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) donde se investiga la ampliación, ejecución y cancelación de un contrato con la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE), entre 2016 y 2018″.
El contrato fue cancelado y llevo a una demanda contra el Estado de Honduras, condenando el pago de más de 37 millones de dólares ($37,115,352.99) sumado a las costas procesales, según los datos del MP.
El caso fue denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), donde se explica la cronología del contrato, aprobado originalmente durante la administración de Manuel Zelaya Rosales en 2007, y que el monto se redujo a “710 millones de lempiras” tras un acuerdo con las nuevas autoridades de la ENEE que aceptaron pagarlo en cuotas.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró “indicios de responsabilidad penal y negligencia” al ex gerente de la ENEE, Jesús Mejía, pero no se refiere a los otros mencionados en el informe del CNA.
Más investigados y posible fraude
Sin embargo, El MP reveló que “los investigados por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) son Jesús Arturo Mejía (exgerente) y otras personas no mencionadas en la denuncia del CNA, resultando necesario para los fiscales coordinar con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la ampliación de diligencias en relación al periodo desde que se suscribió el contrato de generación de energía térmica en La Ceiba y hasta que la millonaria indemnización por daños y perjuicios jugó en contra de la ENEE”..
De manera que, el caso en investigación “podría ir más allá de una presunta prevaricación administrativa y comprendería un posible fraude (con autores y cómplices necesarios) y violación de los deberes de los funcionarios o abuso de autoridad”.
No obstante, reconocen que “determinar responsabilidades penales responde a criterios objetivos y con fundamento en pruebas”.
El ex gerente de la ENEE, Jesús Mejía, alabó la intervención del MP y dijo que en ese caso “se ha actuado maliciosamente” y que el Estado fue “saqueado” por alguien y ojalá que pronto se puedan dar los verdaderos nombres de los saqueadores. “Espero que se deduzca la responsabilidad y se sepa quienes son estas personas, aquí se está moviendo dinero grueso”, expresó.
Mejía, responsabilizó al actual Gobierno de aceptar rápidamente el caso y proceder a pagar más de 700 millones de lempiras. En este caso, acusó, fue todo calculado para que la demanda se perdiera en perjuicio del Estado.
