A pesar de la administración privada de los servicios de recuperación de la mora en el servicio de energía eléctrica, la deuda de los clientes se incrementó el año pasado en 1.900 millones de lempiras.
De acuerdo a la empresa supervisora del contrato de concesión de reducción de pérdidas y recuperación financiera, Manitoba Hydro International, la mora pasó de “7.122 millones de lempiras en 2016 a 9.22 millones a diciembre de 2018”.
La recuperación de la mora está a cargo de la Empresa Energía Honduras (EEH), y es otro de los indicadores que debe mejorar la concesionaria.
Según Manitoba, EEH incumplió con la meta de reducción de pérdidas de tres puntos para 2018 (1,74%), y las inversiones de 76 millones de dólares registró solo 48 millones.
En el caso de la mora, Manitoba destaca que “la cartera en mora entregada por la ENEE a EEH el 30 de noviembre de 2016 sumaba un total de L.7.122 millones, según línea base. A diciembre 2018, la cartera morosa de EEH asciende a la suma de L.9.222 millones y continua en aumento”.
No obstante, agrega, la efectividad de la recaudación está en valores que cumplen las metas establecidas (recaudación/facturación en lempiras), el efecto de una menor facturación o menor avance de la facturación (mayores pérdidas), va generando un aumento considerable de la cartera morosa.
Esto efecto se ve aumentado en el segundo año de operaciones.
Manitoba concluye que hay un “Bajo Rendimiento en Corte de Servicios” “Del informe de gestión de diciembre de 2018 de EEH se concluye que la efectividad del corte de servicios en diciembre de 2018 fue de 25,3%, 27.986 servicios suspendidos de un total de 110.459 con potencial de corte”.
Los mayores morosos
Del total de los clientes en mora de la ENEE, el 89% pertenece al sector residencial, con una participación en los montos adeudados del 43%.
Los sectores comercial, industrial y gobierno, con el 11% de los clientes en mora contribuyen al 57% de los valores en mora.
La depuración de la lista de morosos es otro de los problemas a solventar por parte de EEH.
A pesar del incumplimiento del contrato de concesión, los supervisores (Superintendencia de Asociaciones Público Privadas SAPP) y el gobierno siguen sin aplicar sanciones ni renegociación del millonario contrato.
