Estados Unidos puso fin al modelo de cooperación internacional encabezado por USAID, anunció este 1 de julio el secretario de Estado Marco Rubio, quien confirmó que todos los programas de ayuda exterior serán gestionados directamente por el Departamento de Estado bajo criterios de estrategia y eficiencia.
El cambio impactará de forma directa a Centroamérica, región que ha recibido miles de millones en asistencia en las últimas décadas.
La política de cooperación exterior de Estados Unidos dio este martes un giro radical con la decisión oficial de poner fin al modelo de asistencia internacional encabezado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El anuncio, hecho por el secretario de Estado Marco Rubio, señala que a partir de ahora el Departamento de Estado será el único encargado de administrar la ayuda exterior estadounidense, con un enfoque centrado en la “responsabilidad, estrategia y eficiencia”.
“Esta era de ineficiencia sancionada por el gobierno ha llegado oficialmente a su fin”, sentenció Rubio en una columna publicada en la web oficial de la Secretaría de Estado, donde afirmó que la ayuda exterior será redirigida a proyectos que claramente beneficien los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Para Centroamérica, una región históricamente prioritaria para la USAID, el anuncio representa un cambio estructural que podría reconfigurar los flujos de cooperación, sus actores y sus objetivos.
Una ruptura con décadas de cooperación
La USAID ha operado por más de 60 años como el brazo ejecutor de la asistencia exterior de Estados Unidos, canalizando miles de millones de dólares hacia programas de desarrollo, gobernanza, derechos humanos, educación y mitigación de la migración forzada.
Solo en 2024, destinó aproximadamente $1,700 millones a América Latina y el Caribe, con más de $470 millones dirigidos a Guatemala, Honduras y El Salvador.
- Guatemala recibió $178 millones, enfocados en justicia, seguridad alimentaria y fortalecimiento del sistema judicial.
- Honduras obtuvo $152 millones, con énfasis en salud, educación y prevención de la migración irregular.
- El Salvador recibió $148 millones para programas educativos, movilidad laboral y apoyo a organizaciones civiles.
Rubio asegura que, pese a estas inversiones, USAID no logró sus objetivos. Criticó la creación de un “complejo industrial de ONG” que, a su juicio, promovía causas contrarias a los intereses estadounidenses y generaba más dependencia que desarrollo.
¿Qué cambia para Centroamérica?
El impacto para Centroamérica será significativo. Bajo el nuevo modelo, la cooperación será más selectiva, de corto plazo, y vinculada directamente a resultados estratégicos para Estados Unidos. Esto implicará una mayor concentración en proyectos que puedan atraer inversión privada, generar autosuficiencia y alinearse con la visión de política exterior de la administración actual.
Según Rubio, los programas que continúen recibirán financiamiento si se alinean con objetivos como el combate a la migración irregular, la apertura comercial y el fortalecimiento de aliados estratégicos.
“Ya no se financiarán ONG con agendas contrarias o neutrales”, recalcó, dejando entrever una depuración de actores de la cooperación.
Este cambio también podría reducir los fondos dirigidos a organizaciones locales e internacionales que trabajan en derechos humanos, gobernanza democrática o cambio climático, rubros clave de la cooperación estadounidense durante las últimas décadas.
Rubio afirmó que las relaciones bilaterales se enfocarán ahora en promover comercio en lugar de asistencia, y que la ayuda será una herramienta “limitada y estratégica”, no una política de caridad. “Los beneficiarios merecen saber que la asistencia que reciben es una inversión del pueblo estadounidense”, escribió.
En ese sentido, advirtió que los países que no muestren voluntad de reformarse y contribuir a sus propios procesos de desarrollo quedarán excluidos. También defendió que la ayuda no debe seguir siendo una carga fiscal para los contribuyentes si no hay reciprocidad por parte de los países receptores.
Para Guatemala, Honduras y El Salvador, el fin de USAID como ejecutora de programas abre una etapa de incertidumbre. Organizaciones locales, gobiernos y actores de desarrollo deberán adaptarse a un modelo menos amplio, más condicionado y directamente subordinado al Departamento de Estado.
Programas exitosos como ¡Supérate! en El Salvador, proyectos de justicia en Guatemala, o los centros de prevención migratoria en Honduras deberán demostrar su utilidad estratégica o podrían desaparecer.
