El Estado de Excepción parcial “ilegal”, que cumple dos años y medio, no impidió aumento de la extorsión a 11,6%
La principal política de seguridad del gobierno, el Estado de excepción parcial aprobado en 2022, no ha resulto el problema de criminalidad que registra un alza considerable en especial de la extorsión, advirtió este viernes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El estudio de ASJ, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, revela que el porcentaje de victimización por extorsión aumentó de 9% en 2022 (con 266.262 hogares afectados por el delito) a 11,6% en 2024 (304.388 hogares afectados).
La medida, en vigencia desde el 6 de diciembre de 2022, acumula 21 extensiones, mediante declaratorias que no han cumplido con lo establecido en la Constitución de la República para su aplicación. “En algunos casos, la ratificación de los decretos por parte del Congreso Nacional se ha realizado hasta con 30 días de retraso y en otros, la declaratoria no fue ratificada”, señaló el director de Justicia y Seguridad de ASJ, Nelson Castañeda.
La medida se aplica a 223 de los 298 municipios de Honduras. Las cifras oficiales indican que las denuncias disminuyeron en los últimos tres años, pero esto reflejaría “menor confianza de la población en las autoridades para interponer una denuncia”, opina el analista.
El informe recoge los datos de criminalidad señalando los muncipios más y menos seguros del país. Por ejemplo, el más seguro es Alianza en Valle y el más inseguro Ilama en Santa Bárbara.
Los más seguros: Alianza, Humuya, Mercedes de Oriente, Magdalena, Maraita, Morolica, San José de Comyagua, San Juan Guaraita, Yauyupe y Yarula.
Los de mayor población y “usuales” en criminalidad: Choloma (77), San Pedro Sula (64) y Distrito Central (28)
Los más inseguros: Ilama, Protección, Gualala, San Miguelito, El Rosario, Virginia, China, Tatumbla, La Ceiba y La Masica.
Entre las conclusiones del informe de ASJ se destaca:
El estado de excepción es un fracaso: es ilegal, mal planificado y no ha resuelto la crisis de criminalidad.
La extorsión se desbordó: más de 384 mil hogares afectados, incluso en zonas antes seguras.
Reconocemos la baja en homicidios actual pero no es mérito total del gobierno, ha venido siendo una tendencia: Lastimosamente Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica, hay mucho trabajo por hacer para alcanzar el promedio regional.
La impunidad es la regla: 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo en Honduras.
Queda claro que la estrategia es improvisada: el estado de excepción ignora los municipios con mayor criminalidad. Los mapas de incidencia revelan que municipios con tasas critícas no son parte de una estrategia bien planificada.
Las cifras de seguridad
Datos del Ministerio Público, Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial señalan que el Distrito Central sigue siendo el municipio más afectado -con mayor número de denuncias-, seguido por San Pedro y Choloma, que históricamente lideraron la lista negra del delito.
En adición, en cuanto al promedio por tasa poblacional, La Ceiba y Valle de Ángeles -dos de los municipios con mayor afluencia de turistas del país- ocupan el primer y cuarto lugar entre los que registran mayor tasa de denuncias por extorsión.
Bajo el estado de excepción, el Distrito Central también concentra la mayor cantidad de muertes violentas, superando la sumatoria de homicidios en San Pedro Sula y Choloma, que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, seguidas por Catacamas en la cuarta.
Cabe resaltar que municipios pequeños como: Ilama, Gualala, San Miguelito y Tatumbla, registraron altas tasas de incidencia criminal en 2024 aún bajo estado de excepción. Antes de la implementación del estado de excepción, municipios como Tatumbla figuraban en el listado de municipios blancos.
Lo anterior refleja un problema estructural en el enfoque de seguridad, pues muchos de los municipios más afectados por homicidios, masacres, extorsión y microtráfico no han recibido una intervención prioritaria, mientras que otros, con poca o nula incidencia, han sido incluidos en el estado de excepción, evidenciando improvisación en la toma de decisiones.
Si bien existe una tendencia a la baja en los homicidios sostenida desde años anteriores, Honduras continuó registrando la tasa más alta de Centroamérica en 2024, superando a Guatemala más de 10 puntos.
