El costo incluye el impacto de la pérdida de vidas; gasto público en servicios de prevención y gastos en seguridad
El costo económico directo del crimen y la inseguridad en América Latina asciende a 3,44% del PIB desde el año 2022 y no ha mejorado desde entonces, estimaron expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este costo incluye el impacto de la pérdida de vidas, la reducción de la calidad de vida, el mayor gasto público en servicios de prevención y control, así como los gastos en seguridad por parte del sector privado en 22 de los 33 países de la región.
Esto representa casi el 80% del presupuesto público asignado en educación y significa que son recursos que en lugar de invertirse a la innovación o mejora en infraestructura, son absorbidos por las consecuencias del crimen y la violencia, advirtió el Presidente del BID, Ilan Goldfajn.
Al inaugurar el seminario Crimen en Latinoamérica y el impacto para las políticas públicas, explicó que también hay costos indirectos de este flagelo, como es la disminución de la inversión, la menor productividad empresarial, el aumento de la migración así como el impacto que se genera en el turismo, un sector clave para las economías de la región.
Se estima que un aumento del 10 por ciento en los homicidios reduce la actividad económica en alrededor del 4 por ciento y rebajar a la mitad las tasas de homicidios podría impulsar la actividad un promedio del 30 por ciento. Ambas instituciones señalaron que en América Latina y el Caribe se producen un tercio de los homicidios del mundo.
Desigualdad profundiza costos
En la inauguración también participó la primera subdirectora gerente del Fondo, Gita Gopinath, quien explicó que la creciente inseguridad en la región se ha vuelto un determinante también para la prosperidad y el desarrollo económico. Y tomó el caso de la integración de las mujeres al mercado laboral, pues puede ser un inhibidor de su integración al empleo formal.
“La delincuencia es una barrera fundamental para la prosperidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe y afecta a economías enteras”.
En la conferencia del FMI y el BID, Gopinath destacó que la desigualdad prevaleciente en la región es un agravante del costo que se paga por vivir en un clima de inseguridad.
Mencionaron que para mejorar la vida de los ciudadanos en América Latina es fundamental que los responsables de las políticas aborden la violencia y la inseguridad en la región, en las que señalaron la importancia de incluir medidas que promuevan la estabilidad macroeconómica, la inclusión social, el acceso a oportunidades laborales para los trabajadores jóvenes y las mejoras en el estado de derecho son importantes.
Caso México
En la conferencia que en este momento se realiza en la sede del FMI, en Washington, D.C, participó la experta de la Universidad de Harvard, Melissa Dell, que presentó los hallazgos de su investigación “Crimen y comercio, efectos en el mercado de trabajo”, donde expuso el caso de México para advertir que la presencia de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, genera importantes costos para las empresas.
El FMI ya había hecho una aproximación al impacto de la inseguridad en México desde mediados de octubre, cuando presentó las conclusiones a la revisión al Artículo IV del país.
De acuerdo con ellos, el crimen, la inseguridad y la corrupción son limitantes clave para las nuevas inversiones, la generación de empleo y el crecimiento de México.
Detallaron, entonces, que el costo económico y la percepción del crimen están más concentrados en el sur del país y varían sustancialmente entre estados. Además, los delitos pueden entrañar costos directos con pérdidas provocadas por robos y extorsiones, gastos de las empresas en seguridad y también costos indirectos que pueden reflejar la percepción de la delincuencia y las decisiones a partir de este sentimiento.
