El Sistema de Naciones Unidas expresa su preocupación respecto al marco constitucional y legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuya implementación podría implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes, sin discriminación.
“Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes. Ello como resultado, entre otros aspectos determinantes, de la autonomía que tendrían estas entidades respecto a la administración de servicios públicos, del sistema de justicia y del sistema penal”, señala la oficina de la ONU en Honduras
En la actualidad, aproximadamente el 35% del territorio hondureño, correspondiente a las zonas de baja densidad de población de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe (Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios), estaría quedando a disponibilidad del régimen especial de las ZEDE. Es importante destacar que estas son zonas que se caracterizan por la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de conflictos territoriales.
Prospera en Roatán
En este sentido, es de especial preocupación, por ejemplo, la falta de la consulta libre, previa e informada en las zonas en que se instaló la ZEDE Próspera; la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales; y la desregulación y posible privatización de los servicios públicos como la salud y educación.
Entre otras, las comunidades afectadas por la ZEDE Próspera han denunciado la falta de participación y consulta, así como la falta de acceso a la información sobre el proyecto, generando incertidumbre entre las personas de la zona y afectando en mayor medida a las comunidades afrodescendientes, quienes se encuentran entre los colectivos históricamente más desfavorecidos del país.
El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado respetuoso al Estado de Honduras a que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible. De igual manera, insta al Estado a explorar alternativas que favorezcan el crecimiento económico inclusivo del país, a partir de un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y que garantice la igualdad.
La implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras implicaría serios riesgos del cumplimiento de respetar y garantizar el libre ejercicio de todos los habitantes, advirtió el Sistema de Naciones Unidas (ONU).
La ONU divulgó un comunicado expresando su preocupación por el marco constitucional y legal de las ZEDE.
“Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes”, cita el comunicado.
Apuntó que el resultado de la implementación de las ZEDE tendría la autonomía de la administración de servicios públicos, los sistemas de justicia y penal.
Detalló que el 35 por ciento del territorio de Honduras quedaría a la disponibilidad del régimen especial de las ZEDE como las zonas de baja densidad de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe: Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios).
Es importante destacar que estas son zonas que se caracterizan por la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de conflictos territoriales, puntualizó.
La ONU lamentó la falta de la consulta libre, previa e informada en las zonas donde serán instaladas las ZEDE, la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales, la desregulación y una posible privatización de los servicios públicos.
Resaltó las denuncias de las comunidades constantes por la falta de participación y de consulta.
Clamó al Estado hondureño de revisar la compatibilidad del marco constitucional y legal del proyecto para que garantice el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible.
De igual manera, instó al gobierno de explorar alternativas que favorezcan el crecimiento económico inclusivo del país.
