La UE incluyó de nuevo a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) y pronto lo hará en la relativa al lavado de dinero, lo que Panamá ha rechazado tras argumentar que el país no ha sido objeto de una evaluación técnica reciente que avale esa decisión.
“Panamá no es un destino mundial para la evasión fiscal” y “tampoco el registro predilecto para las sociedades offshore” o extraterritoriales, afirmó en un escrito la viceministra panameña de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes.
En el escrito, difundido por la Cancillería, Mouynes destaca “el desfase en el tiempo” de actuación de la UE, pues la inclusión del país es listas discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) ocurrió en “junio de 2019”.
La funcionaria argumentó que “desde julio de 2019 a la fecha no se ha hecho ninguna evaluación técnica de la UE a Panamá, y estas nuevas inclusiones en lista obedecen a que la metodología de UE establece que si un país esta en la lista de OCDE y GAFI automáticamente deben ser incluidos en las de UE en un efecto domino”.
“Además, tampoco somos el registro predilecto para las sociedades offshore (extraterritoriales). De hecho, solo ocupamos el 0,27 % de ese mercado a nivel internacional, y se han hecho importantes avances para la supervisión y transparencia del manejo de sociedades que hay que resaltar”, agregó.
Los otro dos pilares estratégicos ante la inclusión de Panamá en listados de la UE son visitar y explicar la situación a las calificadoras de riesgo, y seguir trabajando en el rescate de la imagen del país.
“Seguimos siendo duramente cuestionados y evaluados en las mesas evaluadoras producto de una pésima imagen internacional errónea que se generó a raíz de los mal llamados Panama Papers, y que es necesario corregir y rectificar. Solo de Bruselas, sede de la UE, el año pasado se generaron 195 noticias negativas sobre Panamá”, afirmó la funcionaria.
Panamá parece arrastrar los efectos del escándalo de los “Papeles de Panamá”, con la filtración en abril de 2016 de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales.
A Panamá “le conviene de una vez por todas representar un alto estándar de control efectivo de los flujos ilícitos manteniendo su competitividad como centro financiero y de servicios que sirva de catalizador para nuevas inversiones, reactivando así la economía y el desarrollo social”, agregó.
