La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO, por sus siglas en inglés) tenía a finales de 2024 un total de 2.666 investigaciones activas sobre fraude fiscal al presupuesto comunitario por valor de 24.800 millones de euros, un 22,5% más que en 2023, reveló el informe anual del organismo publicado este lunes.
Unos 13.150 millones, más de la mitad del total investigado en 2024, pueden vincularse al fraude de IVA transfronterizo y prácticamente siempre involucran a organizaciones criminales, advierte el informe.
En un comunicado, la Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, urgió a la Unión Europea a mejorar las capacidades de la EPPO porque, aseguró, fue “diseñada pequeña” para lidiar con “lo que se consideraban delitos nicho”, aquellos que afectan a los intereses financieros y al presupuesto de la Unión Europea, y la realidad es otra.
“Tras tres años de actividad destapando un nuevo continente de crimen, la capacidad de la EPPO tiene que adaptarse a la realidad”, advirtió.
El informe señala, por ejemplo, que la EPPO congeló en 2024 activos por valor de 849 millones de euros y que, a la espera de la sentencia firme de los casos involucrados, esa cifra “representa casi 11 veces el presupuesto de la EPPO en 2024”.
Durante el año 2024, la EPPO abrió más de 1.500 nuevas investigaciones sobre casos que representaron unos 13.070 millones de euros en fraude fiscal y estima que su actividad “seguirá creciendo” porque la detección del fraude a nivel europeo es cada vez mejor.
Del total anual, 311 casos en las manos de la EPPO estaban relacionados con los fondos de recuperación pospandemia y afectaron a unos 2.800 millones de euros de dinero público, cifra que se espera aumente en los próximos años “en el contexto de la implementación acelerada” de estos desembolsos.
Los fondos de recuperación sólo fueron, sin embargo, la tercera temática de fondos con mayor cantidad de fraude en número de casos; por delante se situaron los programas de desarrollo regional y urbano y los de desarrollo agrícola y rural.
“El aumento en investigaciones criminales ha sido una constante desde que la EPPO empezó sus operaciones en junio de 2021, lo cual prueba que la prevalencia de los delitos contra los intereses financieros de la UE ha sido infravalorado durante mucho tiempo”, señaló la EPPO en un comunicado.
La mayoría de las 6.547 denuncias que recibió la EPPO llegaron de particulares, más del 70%, y cerca de un 27% lo hicieron de autoridades nacionales, mientras que sólo un 1,7% fueron remitidas por instituciones o agencias de la Unión Europea.
La Fiscalía registró además 205 acusaciones en tribunales nacionales, un 47% más que en 2023, y remitió 161 órdenes de investigación y solicitudes de asistencia legal mutua a países que no forman parte de la EPPO, tanto dentro como fuera de la UE.
